Crecen las sombras de corrupción en Aragón

Respecto a los más de 140 millones de euros que transfirió el Gobierno a la DGA, cuyo destino finalista era construir las depuradoras del Pirineo, como obras de interés general del Estado, queda claro que el dinero se dilapidó de forma interesada en múltiples obras arbitrarias por la geografía aragonesa, bajo los tradicionales criterios clientelares, incluidas plantas de tratamiento de purines (Capella, Zaidín, Valderrobres y Peñarroya de Tastavíns), por casi 24 millones de euros, que ni siquiera se han puesto en marcha y que nada tienen que ver con el ciclo urbano del agua. Mientras, los ayuntamientos pirenaicos, además de sufrir la pérdida patrimonial de este desvío de fondos, vienen pagando indebidamente el ICA desde hace años, el máximo canon de vertido y multas a la CHE, por no tener las depuradoras que la DGA y el ministerio debían haber construido. Desgraciadamente, en la medida que la Cámara de Cuentas sólo enfoca su valoración a las responsabilidades de la DGA, ni los ayuntamientos, como víctimas de daños y perjuicios, ni el ministerio como corresponsable de la desviación de los fondos que deberían haberse dedicado a las depuradoras del Pirineo, aparecen en el Informe. Eso si, la Cámara carga sobre la DGA la obligación de construir con sus medios esas depuradoras antes de fin de año, si no quiere ver como el Gobierno se lleva de vuelta 117 millones, de los más de 140 que envió en su día. Me pregunto si en el debate de presupuestos se tendrá en cuenta este desaguisado…

Nada tampoco respecto a la clamorosa contradicción que supone firmar un Convenio en el que el Gobierno ofreció a la DGA 169 millones de euros para construir esas depuradoras, y sin embargo acordaron entre ambos promover la fórmula de privatización por 20 años que proponía la DGA, a través de la famosa “Concesión de Obra y Servicio. Eso sí, al menos, la Cámara constata críticamente que, con ello, DGA y Gobierno decidieron cargar sobre los aragoneses, a través del ICA, el coste de unos intereses financieros por los créditos que imponía esa privatización, equivalente al coste mismo de las depuradoras. Pero no pasa nada.

Ni el menor comentario sobre la cláusula abusiva en los convenios de cesión de competencia de los Ayuntamientos a la DGA, que asigna la responsabilidad del vertido a los Ayuntamientos, mientras las competencias de saneamiento se transfieren a la DGA. Con lo cual, nada que comentar respecto a la injusticia que supone el que los Ayuntamientos tengan que pagar el máximo canon de vertido y multas a la CHE, por no tener las depuradoras que debían construir las empresas contratadas por la DGA, ni sobre los daños y perjuicios a esos Ayuntamientos por la estafa que han sufrido con este proceso de privatización, en base a esos convenios y contratos incumplidos clamorosamente. Y no pasa nada.

Nada respecto a la sobre-tecnificación impuesta por la DGA, ignorando literalmente la recomendación oficial de la Administración General del Estado de promover tecnologías extensivas, más baratas, en municipios de menos de 2000 habitantes. La broma ha podido significar costes entre 10 y 20 veces superiores en decenas de depuradoras, si tomamos la referencia empírica de Fabara, donde la depuradora intensiva prevista, para 1.000 habitantes, suponía una inversión de 2,4 millones de euros y un coste de gestión de 300.000 €/año; mientras la depuradora extensiva que construyó el ayuntamiento, al negarse a ceder competencias, supuso una inversión de unos 200.000 € y unos costes de gestión de unos 13.000 €/año.

Sí se agradece que la Cámara haga un esfuerzo por cuantificar el encarecimiento que supone la broma de privatizar las depuradoras, frente a lo que nos cuestan las depuradoras que se hicieron con inversión pública, triplicando sobradamente el coste de otras comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha.

Silencio sepulcral respecto a la chapuza y manifiesta ilegalidad que supuso licitar depuradoras en municipios que no habían cedido sus competencias, entre los cuales destaca el caso de Bielsa.

Y qué decir respecto al incumplimiento sistemático de contratos por parte de empresas concesionarias, al perder sus fuentes financieras con el estallido de la crisis (cuestión que era responsabilidad estricta de esas empresas); incumplimiento que la DGA parece empeñada en ignorar, disculpar o incluso indemnizar. Hay que reconocer no obstante que la Cámara explicita serias irregularidades en ciertas zonas. Sin embargo, los demás incumplimientos se disculpan alegando que los ayuntamientos no habían cedido terrenos para la construcción de las depuradoras… Y me pregunto yo: ¿esa nimiedad se mantuvo durante seis o siete años sin que la DGA pudiera hacer nada?; y, si fue así, ¿no hay responsabilidades que depurar al respecto? Ante este cúmulo de despropósitos e irregularidades, desde la DGA se habla de «errores» y «derroche de fondos públicos». Espero que la fiscalía no sea tan complacientes. Estamos ante la evidencia de irregularidades, decisiones interesadas y sobrecostes sistemáticos que apuntan, si nadie sale a explicar de forma convincente lo inexplicado, sombras oscuras de corrupción cada vez más evidentes y consistentes.

*Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza