La jueza que instruye el caso envió a prisión a Rodrigo Lanza, a quien imputa un presunto asesinato por odio. Conociendo lo ocurrido, y hasta que se complete la investigación y se precisen las responsabilidades, era lo esperable. Estamos ante un hecho ante el cual no caben dudas ni medias tintas: la violencia sectaria es absolutamente condenable con independencia de la adscripción de quién la ejerce y de quién la padece. Sería oportunista hacer una causa general contra el Movimiento Okupa en su conjunto; tanto como minimizar un hecho execrable, que causa enorme alarma social. La única forma de cortar el círculo vicioso del fanatismo ideológico es con el inequívoco rechazo a la violencia y el respeto escrupuloso por las decisiones judiciales. Por eso resulta inquietante la renuencia de algunos cargos públicos de la izquierda para expresar su repulsa por un crimen tan evidente, producto de la sinrazón. Es lamentable que algunos concejales de Zaragoza en Común (los que pertenecen al PCE) faltasen ayer al minuto de silencio llevado a cabo en la puerta de la casa consistorial cesaraugustana, sin una excusa convicente, y que el alcalde Santisteve no se sumase al aplauso que cerró el breve acto. En el debate político actual, tan cargado de emociones, nada destruye más que la violencia verbal o física. El odio ha de ser erradicado: es el cáncer de la democracia. Y las instituciones deben dar ejemplo, sin titubeos.