A los 40 años de su redacción y elaboración, suscrita con el apoyo casi universal de los ciudadanos españoles, nuestra Carta Magna, muestra que adolece de unos serios defectos estructurales y conceptuales, (y aunque ha permitido y proporcionado uno de los periodos mas extensos de progreso, libertades, y convivencia en paz de nuestra historia), esas limitaciones nos están conduciendo a la crisis que como país y Estado, sufrimos, en la relación interna entre ciudadanos y territorios, así como al desprestigio de España internacionalmente, y en el deterioro de nuestras mas valiosas Instituciones y normas, como son El Estado de Derecho, la solidaridad y sentido social de nuestro ordenamiento jurídico, como país democrático, y recientemente en el ataque y puesta en cuestión de la universidad española, una de las mas antiguas y respetadas del planeta.

Pactada la Constitución desde la debilidad del momento, en la diatriba reforma-ruptura, y con la persistencia de poderosos poderes fácticos, Iglesia Católica, Ejército, y los nacionalismos desintegradores de la II República, (con el vasco en la cresta, por la coincidencia en el tiempo, de su redacción, con la de mayor crueldad de ETA), que finalmente favoreció sus reivindicaciones en los logros obtenidos.

Entre Suárez y Clavero, obviando el modelo Federal de Alemania, o los ejemplos de USA e Italia entre poder central y periféricos, se concedieron desde el Gobierno central, cotas de autogobierno, estratificadas entre nacionalidades y regiones marcaron unas profundas diferencias en las cotas de financiación y autogobierno entre las comunidades,.

La Ley D’Hont, permitiendo la potenciación de los nacionalismos periféricos, y las dificultades que los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, han tenido, en general, en pactar los grandes temas de Estado, (teniendo con ellos el 80-85% de la ciudadanía), se dibuja el escenario de juego de estas cuatro décadas.

Porque al definir como modelo de organización territorial, el de comunidades autónomas, con cotas de autogobierno, no se definieron los límites de las mismas. Fallo que permite y alimenta la voracidad permanente de los nacionalismos desintegradores y supremacistas, aprovechando la necesidad de sus votos en la configuración de las mayorías para formar Gobierno del Estado, aprobación de los presupuestos del Estado, y el día a día, alentado desde sus gobiernos autonómicos, con demagogia e induciendo presión social.

El ingrediente que faltaba en la mezcla, es la pasividad de Madrid, y un ejecutivo inoperante y tibio, que se inhibió el 9-N de 2014, tolerando con impunidad el pseudoreferendum de Artur Mas y CIU, que nos ha llevado, por debilidad y apatía, a la actual crisis institucional de Cataluña.

Todo este relato, conocido y sufrido por la sociedad civil española, ha ido acompañado de una clamorosa falta de acción política de nuestro Gobierno, confiando todo el proceso a su «judicialización». Lo último, y para muchos, de semejante gravedad que la crisis político-social de Cataluña, es la constatacion de que se esta fraguando otra, sobre una de las instituciones mas significativas, trascendentes y a cuidar y preservar entre todos, como es la universidad española. En el clima actual de la posverdad, a una parte no desdeñable de miembros de la «carrera política» les seduce, la titulitis y meritocracia,.

Cristina Cifuentes, simplemente mintió flagrantemente.

Con la connivencia del Director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez. La tibieza y falsedad del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, alegando que las irregularidades y mentiras del acta, y las calificaciones eran un «error informático». Su partido, PP, la apoyó. Rajoy la amparó y en la convención de Sevilla le aplaudieron. Sincrónicamete han sido bastantes los políticos que están modificando sus curriculum, retirando licenciaturas no concluidas, grados de doctor inexistentes y másteres no cursados o «facilitados» por instancias sin honestidad, sometiendo a nuestra Universidad a una erosión y dudas de su rectitud que es inaceptable.

La dimisión de Cifuentes, el día 26 de Abril es tardía y no restituye el daño inflingido con su mentira, a la institución. Esperemos que una definición institucional de la Conferencia de Rectores, así como el buen sentido de la sociedad civil española, restituya los valores, reconocimiento y trayectoria de la Universidad Española.

Concluyo con el ejemplo de la reciente crisis de la Academia Sueca, responsable de la Concesión del Premio Nobel de Literatura.

Un prestigioso, culturalmente, director artístico instalado en Estocolmo, Arnault, casado con una de las académicas, Frostenson, ha sido acusado de violaciones y acosos sexuales desde su poderosa situación, a infinidad de mujeres, hasta que un inspector de Policía Walander, decidió intervenir, cerca de él y su esposa.

Esta le encubrió, hasta que la Secretaria General de la Academia, la primera mujer desde 1786 en lograr esa responsabilidad, tomó la numantina decisión de dimitir de su posición y condición de Académica, Sara Danius, arrastrando en su dimisión y explicación a Frostenson. Creando un vacío de poder en la Academia, al quedar constituida por solo once miembros, cuando el número mínimo para designar el Nobel de Literatura son doce.

Doble reflexión. La corrupción no esta en el ADN del país. Son grupos cerrados que toman decisiones opacas. Allí y aquí.

La resolución del problema sueco y el del master de la URJC, si que han sido distintas. Tomemos ejemplo.

*Catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza