Es incomprensible que el Estado impida que comunidades y ciudades reciban más refugiados. Tutelar el procedimiento corresponde al Gobierno, pero el país es algo más que un control de fronteras. Ayer, la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, lamentó este papel «subsidiario» que el Estado ha concedido a las autonomías, recordando que Aragón dispone de 87 viviendas de inmediata habitabilidad. Hablamos de personas, no de papeles.
