A día de hoy, ya no quedan dudas de que la crisis se está extendiendo como una mancha de aceite a todos los territorios de nuestra comunidad. Sus efectos se están dejando notar no sólo en los polígonos industriales de carácter urbano, sino igualmente en el medio rural. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre las consecuencias que la crisis puede tener en el futuro de un territorio ya de por sí muy castigado históricamente por el alejamiento de las dinámicas del proceso de industrialización y por la lenta pérdida de masa poblacional (lo que se denominó "éxodo rural").
Las noticias que hemos podido leer sobre el deterioro en el medio rural aragonés son claramente demostrativas de este hecho. El pasado verano, Carlos Mor, presidente de la patronal CEOE-Teruel, manifestaba que, aunque la crisis ha llegado con retraso a este provincia, desde junio del 2008 se habían perdido ya más de cuatrocientas empresas. Las diputaciones de las tres provincias aragonesas aprueban reducciones de sus presupuestos de cara al presente año. A lo que hay que sumar la reciente anulación por parte del Consejo de Ministros de la partida destinada este año para infraestructuras dentro del Plan Miner y el hecho de que todavía no quede claro si se producirá en 2012 el desbloqueo al programa de desarrollo rural, que preveía una fuerte inyección económica para el medio rural.
Es cierto que todo parece indicar que el sector primario, así como las industrias agroalimentarias asociadas a él, no están viéndose afectados de forma determinante por la crisis, pero esto no mitiga el diagnóstico general, puesto que, aunque permanezca en el imaginario colectivo la identificación entre medio rural y sector primario, los datos demuestran que actualmente sólo en cinco comarcas la agricultura llega a representar un escaso tercio de su economía, mientras que el sector servicios ha terminado por convertirse en el predominante. Consecuencia de todo lo dicho es la repercusión negativa en el empleo rural.
Sin tener en cuenta las tres capitales de provincia, el número de parados ha pasado de los 14.000 de principios de 2007 a los actuales 40.000, es decir, ha aumentado en un 182%, un porcentaje superior al experimentado por las zonas urbanas (166%).
TODO ELLO NOS DEBE llevar a un debate en profundidad sobre el futuro de un entorno, como el medio rural aragonés, que por sus características requiere de un apoyo decidido de las administraciones públicas y ello en un escenario de reducción de la inversión pública. En este sentido, otro dato preocupante es que la deuda que afecta a muchos de los ayuntamientos lastra igualmente el futuro de nuestros municipios, ya que, además de incidir en la merma de los servicios que prestan a la ciudadanía, reducen las inversiones públicas en infraestructuras, lo que limita su papel motor de la economía local.
Por ello, aunque todos, responsables políticos y ciudadanía, somos conscientes de que en una situación como la actual, estamos obligados a ser especialmente austeros con los fondos públicos, ello no debe llevarnos a perder de vista los grandes objetivos estratégicos de Aragón; más bien al contrario, una decisión inteligente debería conducirnos a asumirlos con más fuerza que antes, como una vía para salir fortalecidos de la crisis. En este sentido, respecto al medio rural, son dos los elementos que, a mi juicio, deben presidir la identificación de prioridades a la hora de destinar las inversiones: de una parte, asegurar que cumplimos con la obligación de que cualquier ciudadano aragonés tenga acceso de calidad a los servicios básicos de bienestar (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) que ofrecen las administraciones públicas, sea cual sea la dimensión del municipio en el que reside. De otra parte, fortalecer el papel de las administraciones públicas (autonómica y local), puesto que ellas, con sus políticas, pueden ejercer de palanca de desarrollo en su territorio, atrayendo tanto nueva población como iniciativas empresariales generadoras de empleo y de riqueza.
Como vemos, estas estrategias van en contra de los principios liberales que nos dominan. Se trata de reconocer que en el futuro del medio rural aragonés las administraciones públicas poseen un papel y una responsabilidad esencial, especialmente en tiempos de crisis, puesto que no podemos olvidar que, más allá de los datos coyunturales, el verdadero problema al que nos enfrentamos es que el tejido empresarial desaparecido en él tiene muchas menos probabilidades de regenerarse de forma autónoma que en otras zonas, una vez superada la fase de crisis. Por lo tanto, si de lo que se trata es de vertebrar el territorio aragonés, como estrategia clave de la política aragonesa, las administraciones deben apostar por el equilibrio territorial, independientemente de la coyuntura económica.
Y ello solo puede conseguirse priorizando las medidas que hagan más atractivo el medio rural, tanto a los emprendedores que generan riqueza y empleo, como a los habitantes que los llenan de vida, aportando servicios de calidad e invirtiendo en infraestructuras adecuadas. Lo que nos lleva necesariamente a orientar recursos hacia estos territorios.
