Cuidado con la degeneración de la crítica política en pura y simple antipolítica, se advertía el martes en la presentación del último libro del profesor Innerarity. Una cuestión peliaguda, ciertamente. Yo mismo me alarmo cuando enjuicio a personajes públicos con una dureza que exacerba la mala hostia de quienes, en realidad, odian la democracia. Pero, claro...

Justo esta misma semana, se habló de la diputada socialista Susana Sumelzo y la empresa de su familia (una constructora que contrata con las administraciones). Anda... ¿y por qué los parientes de cualquier política o político no pueden mantener una actividad empresarial relacionada con las instituciones, si cumplen la ley?, preguntaron algunos en medio del revuelo.

Cierto. Pero el problema está en otra parte. Más allá de este caso concreto, es un hecho que la contratación por parte del sector público tiene particularidades que trascienden las normas al uso. Con la ley por delante... ¿alguien dudó por un instante de que los grandes servicios públicos de Zaragoza iban a ser asignadas a las empresas habituales?, ¿no está igualmente escrito quién se llevará la parte del león en las producciones externalizadas de Aragón TV o en la informatización de la DGA?, ¿y cómo explicarnos, por ejemplo, el retraso (de varios años) que sufrió la adjudicación del transporte sanitario en Aragón?... Añadan la tómbola de subvenciones, créditos, convenios y otras prebendas. Que en algunos casos están más que justificados. Pero en otros son un desatino.

No hay un seguimiento preciso del gasto. No están bien medidos los retornos de decenas y aun cientos de millones invertidos (¿?) en proyectos dudosos. Este mismo viernes, una diputada del PAR en las Cortes aragonesas reclamó, en plan combativo, que Motorland negocie a piernas abiertas la renovación del contrato con Dorna para seguir organizando el GP de motos. Como si la cosa (con un déficit multimillonario a cuenta del contribuyente) fuese un chollo que otros nos disputan. El Gobierno respondió a la defensiva. Nadie sabe, a estas alturas, qué repercusión real han tenido los cientos de millones enterrados en la Ciudad del Motor y en los sucesivos intentos para crear empresas en el Bajo Aragón y sus atribuladas cuencas mineras. Eso sí, algunos espabilados (y bien relacionados, claro) se las han llevado crudas, aunque a fecha de hoy pocas iniciativas han prosperado y el carbón (¡ya ven ustedes!) sigue siendo la clave económica de la zona.

Es difícil no criticar este deshueve, no detectar el tráfico de influencias que gangrena el sector público, no exigir más orden y más transparencia... ¡Ah, si los políticos nos hicieran el favor de no dar tantos argumentos a la antipolítica!