Este verano pasado, tomó cuerpo un rumor recomendando unos al Presidente del Gobierno Central y otros al todavía Presidente de la Generalidad catalana, que dialoguen o no, acerca de lo que ambos pudieran hacer juntos sobre los que querrían los ahora dirigentes de dicha Comunidad Autónoma, empezando, lisa y llanamente, por saber si es o no viable lo que Puigdemont desearía. ¿Qué podrían pactar que no se ajustara a nuestra Constitución? Realmente, nada.

Preocupa la tentativa de los secesionistas o separatistas catalanes de salirse con la suya a marchas forzadas y encima, sin siquiera ceñirse como sería insoslayable hacer, a lo que prevé la Constitución que se cumpliera. La intentona carece de eco positivo en España entera, sin que Cataluña se muestre unánime.

Como advertía la titular del ministerio de Defensa a principios del pasado julio, «las Fuerzas Armadas están para garantizar la soberanía de España y defender su integridad territorial y si bien no creo en absoluto que sea necesario que intervenir ahora, es alarmante la actitud del Presidente de la Generalidad y de la minoría que le sigue. ¿A dónde nos querrían empujar?

En esas deficientes condiciones ¿podría Rajoy pactar con Puigdemont algo que la Constitución no autorice? Evidentemente, no podrían llegar lícitamente, a ningún acuerdo. Por vía de ejemplo categórico, no sería hacedero un acuerdo que contradijese el mandato del art. 1.2 de la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado; de todos. ¿Cabría autorizar tal empresa sin modificar antes nuestra Constitución y luego aceptaría el pueblo español?

Guste o no guste, España es una y no diecisiete y la Constitución se fundamenta en la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». También, se «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía» no a la secesión.

Siendo ello así, nada podrían hacer esos dos dirigentes reunidos en conciliábulo para nada menos que modificar en el caso que conviene a los separatistas, lo que disponen los artículos 166 a 168 de nuestra Carta Magna, sin que añada excepción de ningún género. Una hipotética reforma teóricamente posible, tendría desde luego, que ser aprobada por las Cortes Generales (Congreso y Senado), añadiéndose a ello un referéndum a celebrar en España entera. La autorización para ese referéndum compete sólo, al Estado. Y en materia tan delicada, «no hay más cera que la que arde».

Un buen amigo nacido y residente en Barcelona, me advierte que lo que en realidad, quieren Puigdemont y sus seguidodes es obtener una jugosa compensación al imposible que pretenden, algo que a su vez, tropezaría probablemente, con la inviabilidad de recibir un tratamiento privilegiado y menos, en materia económica.

Las Comunidades Autónomas son partes respetabilísimas de un único Estado, el español y que debieron haber recibido desde el principio un tratamiento homogéneo, lo que lamentablemente no se hizo, aunque no faltaron ya entonces, voces advirtiendo del grave error en que se incurría por hacer lo que era legítimo y posible.

Hoy es tiempo de acrecer y no de disminuir, la voluntad común de España entera y de contribuir al mismo camino, dentro la Unión Europea (estos problemas no son solo nuestros) y debemos evitar ensayos inútiles y que no conducen a ninguna parte. No olvidemos, que entre las CC.AA no existe jerarquía alguna que las deba diferenciar. Todas tienen los mismo derechos y obligaciones básicas, aunque el Gobierno Central tienda a atender antes y mejor a las que más alto protestan. Eso también debería acabar.