Pocas decisiones políticas afectan a la ciudadanía en tan alto grado como las que se derivan de la gestión sanitaria de un Ejecutivo y que se trasladan a la infraestructura, los recursos o el modelo que se defiende. Tres herramientas fundamentales para mantener en condiciones aceptables un sistema sanitario como el desarrollado en España desde la década de los 80, basado en el acceso al mismo de todos los ciudadanos. La atención adecuada desde los centros de Salud, así como la derivación al especialista en su caso, la disponibilidad hospitalaria o quirúrgica si el proceso lo requiere y, por supuesto, una servicio de urgencias que responda a tal definición, han sido valorados --con incidencias puntuales-- por los usuarios en las últimas décadas.

Sin embargo, la crisis económica y la necesidad de recortar en los gastos de las Administraciones para reducir el déficit, en coincidencia con la asunción del poder por parte del PP, ha originado una toma de decisiones con influencia directa en el funcionamiento de los servicios públicos más igualitarios, la sanidad y la educación. Posiblemente porque sus presupuestos, que se llevan la parte del león de la administración, son los más apetecibles para que los recortes cundan.

En este escenario, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, cuyo partido puso el grito en el cielo cuando estaba en la oposición por las listas de espera sanitarias --y que ahora se han multiplicado por tres, según algunas fuentes-- ha confirmado que se harán públicas el 5 de junio, tras mentir tres veces con que se conocerían antes del 25-M y venir ocultándolos desde hace un año. El conocimiento de los datos, no solo por los afectados --como se pretende--, es fundamental en una sociedad democrática que basa sus opciones políticas en la gestión que realizan sus representantes. Ocultar información sensible en la atención sanitaria, desde listas de espera hasta colapsos en urgencias, no debería salir gratis políticamente. Justificar, como ha hecho Oliván, que la demanda ha aumentado por el envejecimiento de la población "muy por encima de la mejora de la oferta", como si los aragoneses hubieran envejecido de golpe desde el 2011 es inaceptable. Y si, como propone, para reducir las listas de espera usará los recursos que estaban destinados al hospital de Teruel, no hará sino desnudar a un santo para vestir a otro. Eficiencia en la gestión quiere decir otra cosa, no la que ejerce el consejero inmutable.