Las proclamas ultraliberales (todo eso de que cada cual se busque la vida y el que más pueda, capador) desquician a cualquiera. Es inconcebible un modelo social en el que los más débiles no sean asistidos y ayudados por el resto de la comunidad. Y cuando digo débiles, estoy pensando en los más pobres, los niños, los ancianos, los enfermos, las mujeres amenazadas, los inmigrantes... en particular los discapacitados intelectuales, que son los más frágiles. Conozco directamente este sector porque llevo años vinculado a él. Sé por ello que sus logros en los últimos decenios, conforme el esfuerzo de las familias implicadas ha sido respaldado por el Estado del Bienestar, han sido magníficos. Todo se ha logrado a un coste razonable, merced a la colaboración entre las administraciones y las organizaciones asistenciales, cuya profesionalización y transparencia no han dejado de ir a más.
Los discapacitados intelectuales están muy bien atendidos, y su vida se normaliza: trabajan, hacen deporte, se enamoran, se hacen viejos... Una tupida red de residencias, pisos asistidos, centros de día y ocupacionales, centros especiales de empleo y asociaciones deportivas y culturales cubre sus necesidades, de acuerdo con la planificación que controla el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Pero todo el sistema entró hace ya tiempo (durante el mandato de Rudi) en una coyuntura crítica que ahora se agrava por momentos. El Gobierno Lambán ha dejado de pagar el coste de las plazas concertadas con las organizaciones del sector, al igual que los complementos salariales que corresponden a los centros especiales de empleo. Envía a residencias y centros a los discapacitados, pero luego tarda meses en suscribir los correspondientes convenios. El resultado final no puede ser otro que el derrumbamiento de la red asistencial, a la que se está forzando a pedir crédito tras crédito (y a pagar intereses) para sostener su actividad. Es intolerable.
Que esto pase en Aragón bajo un Gobierno PSOE-CHA llena de perplejidad a los afectados. Toda la ciudadanía debería alarmarse. ¿Vamos a dejar caer a los discapacitados?
