Después de 39 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, todavía los dirigentes de los principales partidos políticos, se aferran a un modelo de democracia representativa, superada por los nuevos tiempos, que fue útil en la transición democrática al salir de la dictadura franquista, y en donde los partidos políticos hasta entonces clandestinos, necesitaban consolidarse con la fortaleza necesaria para dirigir el proceso que se estaba construyendo.
Es necesario que la democracia representativa se transforme con la incorporación complementaria de la participación, superando las dificultades, los hábitos y las formas de la vieja política, en la que unos pocos tomen las decisiones, buena parte de ellas pensando en intereses personales o de grupo.
El nuevo modelo obligaría a los representantes a estar en continúo contacto con sus representados y a dar cuenta de sus actos, puesto que si dejan de estarlo perderían la confianza y por tanto el puesto de representación cuando correspondiese proceder a la renovación de los cargos.
No se pretende que la participación directa de la ciudadanía sea sustitutiva sino complementaria de la participación mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, por sufragio universal y en el que el papel fundamental lo sigan teniendo los partidos políticos, pero si un modelo donde la democracia sea de mayor calidad y ello se consigue con participación.
Participación es sinónimo de democracia, son el anverso y el reverso de una misma moneda, por lo que no puede existir una democracia sin participación.
La participación está relacionada con la toma de decisiones, que no debemos confundir con la información pública, condición necesaria pero no suficiente para su existencia.
La participación es un derecho político fundamental de la ciudadanía a intervenir en la toma de decisiones públicas, y así viene reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en nuestra Constitución Española de 1978, que obliga a todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que permite avanzar en la búsqueda de nuevos mecanismos de participación que complementen a la democracia representativa.
Las tecnologías de la información y la comunicación, la aparición de nuevas redes sociales, el crecimiento del individualismo, y como consecuencia de estas, la información de fuentes directas que cada día obtiene la ciudadanía, el aumento del nivel de exigencia sobre los dirigentes políticos, y lo más mportante, la aparición de una nueva generación de ciudadanía muy bien formada e informada, muy autónoma, y muy activa socialmente, acostumbrada a participar y a obtener respuestas inmediatas, hacen necesario el desarrollo del insuficiente modelo democrático imperante.
Hay que incorporar medidas normativas para favorecer una participación que no se limite al depósito del voto cada cuatro años, además de otras encaminadas a fomentar un resultado más directo entre el voto y la elección de los gobernantes a través de listas abiertas, la limitación de mandatos, entre otras muchas.
Los partidos políticos tienen que reflexionar sobre si los sistemas de elección, de gobierno y de gestión siguen siendo los adecuados. No parece que así sea, ni siquiera que se lo hayan planteado por la forma y hábitos con los que siguen funcionando.
Es precisa la democratización de los partidos políticos, mediante fórmulas legales, para que los que han llegado a alcanzar el poder en los mismos y controlan sus aparatos dejen de actuar como auténticos aristócratas y oligarcas del partido. Se trata de reducir el excesivo poder que acumulan pasando el control real de los mismos a sus afiliados, simpatizantes y posibles votantes.
Los referendos o consultas populares, y otras figuras de participación, como las existentes a nivel local, como talleres en donde participan los actores interesados, las conferencias de decisión, los jurados ciudadanos (grupos de deliberación) que
coinciden en lo fundamental, informar a los representantes políticos, permitir la coparticipación entre la ciudadanía y sus
representantes políticos, e incluso en algunos casos permitir a la ciudadanía tomar decisiones.
Este es el camino que se debe seguir para conseguir una democracia de calidad, y para ello se debería empezar por instaurar una verdadera democracia en los partidos políticos que nos representan.
*Economista del Ayuntamiento de Zaragoza
