Llama poderosamente la atención el empecinamiento del Gobierno de Mariano Rajoy de imposibilitar cualquier reforma constitucional, argumentando que supondría una grave inestabilidad política que imposibilitaría la salida de la crisis económica. ¿Para qué tanta preocupación sobre la intangibilidad de nuestra constitución, si en aspectos fundamentales es sistemáticamente incumplida? ¿Para qué sirven los derechos sociales, económicos y culturales contenidos en ella? Es teoría jurídica muy extendida la indivisibilidad, interrelación e interdependencia de todos los derechos, los civiles, políticos y socio-económicos. Mas ahora quiero fijarme en el ámbito de la UE, donde los incumplimientos constitucionales son no menos vergonzosos, tal como señala Stefano Rodotá.
En el año 2000 la UE se otorgó una Carta de derechos fundamentales (DDFF), la primera del nuevo milenio, vinculante desde el 2009, que ha convertido a Europa en la región del mundo con el más amplio reconocimiento de derechos y libertades. El inicio de este proceso para la elaboración de la Carta fue el Consejo europeo de Colonia, de junio de 1999, que señaló: "La tutela de los DDFF es un principio fundador de la UE y el presupuesto indispensable de su legitimidad. La obligación de la UE de respetar los DDFF la confirma y la define el Tribunal de Justicia europeo en su jurisprudencia. En el actual desarrollo de la UE, es necesario elaborar una Carta de esos derechos con el fin de sancionar claramente la importancia capital que tienen para los ciudadanos de la UE."
Se remarca claramente que el organigrama institucional construido hasta entonces era inadecuado, al recurrir a una palabra de hondo calado como "legitimidad". No solo había hasta entonces un déficit democrático sino también de legitimidad. La UE es consciente, y aunque el camino era largo por recorrer, la señal de salida es inequívocamente clara.
El mercado, las libertades económicas, la moneda única no fueron considerados suficientes para dar legitimidad a la construcción europea. De ahí, que el tránsito de la Europa de los mercados a la Europa de los derechos, se hace imprescindible para que la UE puede dotarse de plena legitimación democrática, lo que es ampliamente novedoso. Los seis capítulos de la Carta llevan por títulos la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Estos van a ser ahora los principios fundacionales del sistema constitucional europeo, con una innovación significativa respecto a la Europa de los anteriores tratados en los que no se nombraba ni la dignidad, ni la igualdad ni la solidaridad, que aparecen, sin embargo, en el art. 2 del Tratado de Lisboa de 2007, entre los valores fundacionales de la UE. El cambio de contexto es muy claro y, por ello, se abre una línea de desarrollo dinámico de todo el sistema 0 que hace imposible la interpretación basada solo en criterios del pasado, es decir, una lectura basada exclusivamente en la preeminencia de lo económico. Lo cual significa que la Carta no es un punto de llegada sino de partida.
En tiempos tan complejos, cuando surgen dudas sobre la continuidad del proyecto europeo, vendría bien no olvidar las grandes oportunidades que han ido unidas al hecho de que la UE haya querido darse una propia declaración de derechos, como ineludible referencia. Grandes son las responsabilidades que esta opción impone a la política, la cultura, las instituciones y a las personas que se hallan en ella. La historia nos enseña que los derechos no han sido adquiridos de una vez por todas. Siempre han estado cuestionados, por lo que su itinerario nunca ha sido pacífico. Su reconocimiento formal es una batalla ganada, pero luego llega su eficacia y su respeto. Y, desde el momento en que se invoca una mayor integración, también política, la Carta de los DDFF nos advierte que esta integración no puede resolverse por entero en la dimensión económica sino que exige un protagonismo semejante, cuando menos, de los DDFF, indispensable para una auténtica democratización de la UE y para su legitimación ante los ciudadanos. Sin embargo todos sus pasos van en dirección contraria. La aprobación del pacto fiscal europeo, con el correspondiente aumento de poder de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia, margina a la única institución europea democráticamente legitimada, el Parlamento. El cual en una resolución de 2010, rechazó la inevitabilidad del empequeñecimiento del Estado social a causa de las obligaciones impuestas por la reducción del déficit y defiende un subsidio mínimo para combatir la exclusión, la desigualdad y la pobreza existentes; además de insistir en modificar las políticas de austeridad.
El reduccionismo económico no solo pone a la UE contra los DDFF de las personas, sino también contra sí misma, contra los principios en los que debería basarse para darle un futuro democrático, legitimado por la adhesión de los ciudadanos. Si Europa debe ser "redemocratizada", como señala Jürgen Habermas, no es suficiente con una ulterior transferencia de soberanía rematada con la consecución de un gobierno económico común, porque una UE desprovista y vacía de derechos, irremediablemente se vería convertida en una democracia sin pueblo.
