El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado, --a instancias de Aragón, entre otras-- constituir un grupo de trabajo que evalúe la ley de dependencia y su financiación. La propuesta no puede perderse en pulsos políticos porque afecta directamente a las personas más vulnerables. En Aragón, el 31% de los dependientes con derechos reconocidos no cobran prestación y el Gobierno central que debería aportar el 50% de financiación solo llega al 19%. Es hora que la aplicación de la ley tenga respaldo presupuestario.
