Admitiendo que la prestación de servicios ha mejorado sobre la crítica situación que dejó el Ejecutivo presido por Rudi, el Espacio de Información, una entidad que promueve y defiende los servicios sociales, ha advertido de que tal avance es «precario», al menos en lo que se refiere a la dependencia. La atención a personas que no pueden valerse por sí mismas sigue en porcentajes muy inferiores a la media española. Por otra parte, son muchas las familias que vienen lamentando casi a diario el hecho de que el expediente de evaluación y asignación referido a alguno de sus mayores se haya cerrado... por la defunción de la persona interesada. La muerte llega antes que las ayudas.

El problema se puede agudizar, pese a las buenas intenciones de la actual Administración, por la simple razón de que Aragón es una comunidad cuya población cada vez tiene una edad media más avanzada, y ello produce un incremento de las solicitudes de ayuda por dependencia superior al del resto del país.

Es evidente que nuestra comunidad autónoma arrastra un problema de financiación que no cesa de agravarse. Demasiado territorio, una población escasa y la mitad de ella muy dispersa, el envejecimiento, la desertificación. Si tal situación no es tenida en cuenta por el Gobierno central será difícil que la dependencia se atienda como debe ser.

El acceso de los menores a internet y a las redes sociales, a través de los dispositivos móviles o del ordenador, genera una razonable preocupación entre los padres, conscientes de los peligros con que pueden encontrarse y deseosos de ofrecer una protección que muchas veces se percibe como imposible. Al lado de las ventajas que ofrece, el mundo digital resulta también un territorio desconocido que genera inquietud. Las familias tienen conocimiento de la existencia de casos de ciberbullying, del acceso a contenidos sexuales, de los llamados retos suicidas o autoflagelantes, de múltiples circunstancias en las que el menor -por deseo de conocer, por falta de criterio, por emulación- está expuesto a un problema que tanto puede afectar a su desarrollo psicológico como permanecer como una lacra en su reputación futura. Las preguntas son constantes. ¿Cuándo es adecuado que tengan móvil? ¿Debemos intervenir con medidas de control y represión? ¿Qué defensas tenemos ante una situación crítica? Más allá de las lógicas acciones policiales o legales, si son necesarias, el debate se concentra en la propia familia. Para ayudar y educar en un entorno al que el menor acabará accediendo y que puede llegar a ser hostil. La virtualidad, como el mundo real, tiene reglas que deben cumplirse, y los padres han de disponer de los medios necesarios para prevenir antes de que sea tarde.