Aragón cuenta con casi 33.000 dependientes reconocidos y con derecho a recibir atención económica o de servicios. Sin embargo, casi 14.000 de estas personas (un 41% del total) no la reciben. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige María Victoria Broto, plantea como objetivo acabar con esa lista de espera en cuatro años. Bien está plantearse un compromiso temporal, pero largo se fía. Primero porque es de ley y, sobre todo, porque la dependencia afecta especialmente a las personas mayores y su edad no está para supeditarse a largos plazos. La aplicación de la dependencia exige recursos, es evidente, y la Administración central --según la DGA-- apenas aporta un 16%, cuando debería ser un 50%. Pero en estas situaciones es cuando cobra sentido la tan cacareada priorización del gasto. En la comunidad.
