Las decisiones políticas de algunos gobiernos dan cada vez más yuyu. Si ya resulta incomprensible que se hagan concesiones políticas de la gestión de un servicio publico a una empresa privada por diez años, cuando el mandato político es solo por cuatro, que esta se deje en manos extranjeras, como ha sucedido con tres de los seis hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid y con el servicio de autobús del Ayuntamiento de Zaragoza --con el despido de 153 trabajadores y reventa incluida nada mas cerrarse el acuerdo-- no parece la mejor receta para salir de la crisis. Más, sabiendo que muchas de estas operaciones suelen llevar aparejada la precarización del empleo, el empeoramiento del servicio e incluso, al final, un incremento del coste que de una forma u otra terminan asumiendo los ciudadanos. Ahí están las revisiones y rescates millonarios a empresas adjudicatarias, como ha sucedido con la privatización de los hospitales de la Comunidad Valenciana, las subvenciones públicas a infraestructuras y servicios deficitarios (desde aeropuertos y aviones sin pasajeros por toda la geografía a barquitos en Zaragoza), o el incremento tarifario de los servicios básicos (energía, telefonía, agua y basuras, etc) alegando pérdidas económicas mientras sus directivos y accionistas se reparten primas y dividendos. Vamos, que no es extraño que muchos españoles se tengan que marchar al extranjero, pero no precisamente para hacer las américas, sino porque otros están decididos a deshacer las españas.
Periodista y profesor
