Algunos estudios recientes sobre la calidad de la democracia española son más que preocupantes. Las evaluaciones de expertos coinciden con la visión negativa que tienen los ciudadanos. En los últimos años se ha producido un deterioro, de tal manera que la nota global es una nota mediana, pero con un importante número de indicadores calificados como muy negativos. Como la interferencia externa de los poderes económicos en las decisiones políticas de los órganos elegidos democráticamente por la sociedad. Se trata de unas instancias económicas que no se someten a ningún proceso electoral pero que toman decisiones que afectan gravemente la vida de millones de personas y lo hacen para mal. Se mantiene a la Justicia a ritmo lento por la vía de no dotarla de los recursos necesarios, con lo cual los procesos se eternizan en ocasiones hasta la impunidad. Obviamente la corrupción no está ausente, ni tampoco el rendimiento de cuentas del Gobierno y la transparencia informativa. Se mantiene un discurso vacío y mentiroso mientras los ciudadanos conocen por la vía directa el deterioro de lo público mientras los que se llevaron la pasta no la devuelven. Hay desafección y no es extraño cuando un sobrecogedor presidente de Gobierno llama patético al líder de la oposición que le tapaba la boca recordándole algo tan elemental como que él es un político limpio. La situación es lo suficientemente grave como para tomar medidas encaminadas a detener el deterioro de la vida pública y política española. Profesor de universidad