Ayer, el nuevo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, mantuvieron su primer contacto (telefónico) oficial. Previamente, la DGA había recibido orden de preparar una actualización de los problemas y necesidades de nuestra comunidad para trasladarla a la recién estrenada Administración central.

Las primeras impresiones son buenas en relación con el futuro de la relación entre Moncloa y el Pignatelli. Pero conviene no olvidar que por muy buenas intenciones que tenga Sánchez respecto de Aragón, su Gabinete tiene un margen de maniobra limitado y trabajará con unos presupuestos ajenos, cuya hipotética aprobación habrá de llegar pasado el ecuador del ejercicio. En todo caso, la actitud del Gobierno español en cuestiones como la recuperación de los encuentros bilaterales y la asunción de las especiales necesidades financieras de un territorio extenso pero con una población dispersa darán una idea de cuál es su sensibilidad ante los problemas de los aragoneses.

La relación entre ambas partes no debería estar condicionada por el hecho de que Sánchez y Lambán, compañeros en el mismo partido, hayan tenido claras diferencias cuando el primero se presentó a las primarias donde el segundo apoyó la candidatura de Susana Díaz. Seguro que uno y otro son capaces de superar tal desencuentro.