La DGA decidió ayer en el Consejo de Gobierno personarse en el caso paraísos, que investiga la presunta malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes por parte del exviceconsejero Carlos Escó y del constructor Agapito Iglesias. El Gobierno quiere ejercer la acusación particular en una causa que deriva de las supuestas irregularidades en Plaza. Sin embargo, tal medida no se hizo pública al dar cuenta de las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno. La tan cacareada transparencia también exige que se den todos los detalles del órgano ejecutivo. ¿Por qué silenciar?.
