El Gobierno aragonés no está dispuesto a permitir más picaresca en la vivienda de protección oficial y ha decidido inspeccionar y sancionar a los propietarios que incumplan las condiciones de adjudicación. Así, la DGA ya ha detectado un 30% de usos irregulares de pisos de VPO inspeccionados hasta ahora, en la mayoría de casos por no ser la vivienda habitual del propietario o haberse vendido sin el permiso previo de la administración. Hasta la fecha, el departamento de Vivienda ha sancionado a 17 propietarios e investiga a otra decena que podrían ser multados.
