Este Día Mundial del Agua, debería estar dedicado en Aragón a reflexionar sobre cómo dar salida a nuestros conflictos del agua: el de la vieja política del hormigón, enquistado en Yesa, Biscarrués y Mularroya; y el creado por la privatización del agua, con el ICA. El ICA, es la punta del iceberg de la estrategia de privatización del agua en Aragón, que puso en marcha la DGA, en su día, siguiendo el modelo del agua-negocio promovido por los grandes poderes transnacionales, pero a la aragonesa, con un plus clientelar de andar por casa que resulta cuando menos vergonzante. Bajo el doble pretexto de que «esto era muy complicado» y «muy caro», la estrategia se basó en:
•Convencer o forzar a los ayuntamientos para que cedieran competencias a la DGA.
•Reunir un volumen de negocio suficiente, por comarcas, para luego privatizar.
•Encarecer sospechosamente las depuradoras rurales y el plan en su conjunto.
•Cargar los sobrecostes en la factura del agua, mediante el impuesto del ICA, para dispersarlos en la masividad de Zaragoza.
Esta misma estrategia se diseñó en Madrid, con Esperanza Aguirre, forzando la cesión de competencias al Canal de Isabel II, que luego se privatizaría, y dispersando los sobrecostes sobre la gran población de la capital. Por el camino, surgió, sin embargo, un problema, en la medida que el Gobierno ofreció a la DGA 169 millones de euros, de los que 130 debían destinarse a construir las depuradoras del Pirineo, como «obras de interés general del Estado». La solución a este inconveniente consistió en desviar esos fondos a otras obras, que no eran de «interés general del Estado», desplegando generosamente el tradicional clientelismo rural, tan usual en la política aragonesa. Sin embargo, reventó la burbuja, los bancos que iban a financiar a las empresas concesionarias se dieron a la fuga, y estas incumplieron sus contratos, suspendiendo las obras, aunque, eso si, previamente, fueron licitadas aprisa y corriendo, para poder cobrar a los vecinos el famoso ICA (que por entonces se llamaba canon de saneamiento). Así, conseguimos un récord Guiness global en materia de estafas municipales; vecinos y ayuntamientos que, habiendo cedido sus competencias a la DGA, pagan al Gobierno de Aragón por unas depuradoras que no tienen, pagan a la CHE (dependiente del ministerio) un canon máximo de vertido y multas por no tener depuradoras, y todo ello después de que la propia DGA, con la venia del ministerio, repartiera esos fondos a alcaldes afines del resto de Aragón. Ni Berlanga habría imaginado una trama así.
Resultado final: el plan de saneamiento más caro de España, con un coste en las depuradoras promovidas por la DGA de 2,77 € por metro cúbico saneado, que triplica lo que los españoles pagan en media por este servicio; contratos incumplidos por los que la DGA ofrece compensaciones a las empresas, en lugar de reclamarles daños y perjuicios en favor de los ayuntamientos afectados; una ciudadanía rural, dispersa e indignada, especialmente en el Pirineo, aunque impotente; y un vecindario zaragozano que estalla, ante ese nuevo pago del ICA a la DGA, por un servicio que le presta el ayuntamiento, y por el que ya pagan la correspondiente tasa municipal.
En el Día Mundial del Agua, sería bueno que Lambán reflexionara y rectificara errores e irregularidades (oficialmente reconocidas en el Informe de la Cámara de Cuentas) que son responsabilidad de la institución que preside:
1-Asumiendo la necesidad de cambiar este modelo, que ha fracasado, y derogando el ICA, que se evidencia como un impuesto oscuro, injusto y desmedido.
2-Reelaborando, desde la participación ciudadana, el plan de saneamiento, con la plantilla profesional del Instituto Aragonés del Agua y no con una empresa privada.
3-Devolviendo sus competencias a los ayuntamientos engañados, apoyándoles de forma efectiva para que puedan construir sus depuradoras, como hizo Fabara.
4-Asumiendo la responsabilidad de pagar desde el presupuesto de la comunidad los sobrecostes del chandrio, de forma que nadie pague más de lo que pagan en media los españoles, como propone el nuevo modelo que ofrece la RAPA.
5-Levantando alfombras y persiguiendo responsabilidades administrativas y penales.
6-Reformando a fondo la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, que sustenta la estrategia de privatización del agua, de la que se deriva el ICA.
Y qué decir de los conflictos enquistados en Yesa, Biscarrués y Mularroya. Creo sinceramente que es tiempo de relanzar un auténtico diálogo social y político que permita superar esas viejas estrategias de hormigón, que se vienen atascando, sentencia tras sentencia, bajo la presión de los afectados y de la ciudadanía, y apostar definitivamente por esa nueva cultura del agua, que nació en nuestra tierra aragonesa e inspiró la nueva legislación europea, hoy vigente. De hecho, allí donde se aplicaron esos nuevos enfoques, los problemas se resolvieron, como en el Canal de Aragón y Cataluña o en el Matarraña… Nunca es tarde si la dicha es buena, Sr. Lambán.
*Diputado de Unidos Podemos al Congreso por Zaragoza
