El pulso que desde hace varias semanas mantienen decenas de miles de hongkoneses contra el Gobierno de Pekín es de una importancia capital tanto para los siete millones de habitantes de la excolonia británica como para los 1.350 millones de chinos restantes. China, que en 1997 recuperó la soberanía sobre este centro financiero con el compromiso de mantener su sistema de gobierno bajo la fórmula de un país, dos sistemas, nunca renunció a sinizar Hong Kong. Por el contrario, los hongkoneses, que gozan de privilegios que querrían muchos de sus congéneres --libertad de prensa, imperio de la ley, derechos de reunión y manifestación, transparencia y mejores condiciones de vida-- quieren ampliar más sus diferencias.
Pocas o nulas posibilidades existen de que el presidente Xi Jinping acepte la demanda de democracia total que piden los manifestantes que ocupan el corazón de la actual Región Administrativa Especial (RAE), pero si finalmente se entabla un diálogo constructivo, China puede hongkonizarse y adaptarse a una sociedad cambiante que le va a exigir cada día mayor participación en las decisiones. El espejo en que se reflejarían esa China y ese Hong Kong sinizado sería Singapur, la ciudad-estado de régimen semiautoritario, cuya pujanza económica inspiró a Deng Xiaoping en 1978 para emprender las reformas y la apertura al exterior, que ya ha convertido a China en la segunda potencia económica del mundo.
El camino es difícil pero las elecciones que han sacado a los manifestantes a la calle deben celebrarse en el 2017, lo que permite estudiar con calma la mejor salida posible. Hong Kong no puede permitirse vivir sin China, de cuyos recursos --agua, electricidad, alimentación-- depende, pero Pekín tampoco puede ser inflexible frente a sus aspiraciones. No solo por las consecuencias en esta puerta tradicional de China con el exterior, sino también porque arruinaría el sueño de la reunificación con Taiwán, la isla en que se refugiaron los nacionalistas tras perder la guerra civil en 1949, y porque los conflictos sociales y regionales erosionarían el poder del Partido Comunista (PCCh) hasta desatar el caos.
Las espadas están en alto desde que el 31 de agosto, la Asamblea Popular Nacional (APN, el Parlamento chino) adoptara una resolución por la que los candidatos para la elección por sufragio universal del jefe del Gobierno de Hong Kong deben ser aprobados por el Comité Electoral. En este comité se sientan 1.200 notables de la RAE, elegidos de forma corporativa por los distintos sectores de la sociedad --empresarios, profesionales, funcionarios, religiosos y políticos--y, en su mayoría, bien relacionados con el Gobierno chino.
La Federación de Estudiantes de Hong Kong, el movimiento de estudiantes de secundaria denominado Scholarism y el principal grupo defensor de los derechos de los hongkoneses, Occupy Central, consideran que la resolución viola los acuerdos firmados en 1984 por Londres y Pekín para el traspaso pacífico de la colonia y la Ley Básica o mini-Constitución de Hong Kong, que se aprobó en 1991 y rige el territorio desde su incorporación a China. Los británicos jamás permitieron elecciones democráticas en su colonia, pero presionaron al PCCh para que reconociera este derecho a los hongkoneses. La APN se apoyó para su resolución en el artículo de la Ley Básica que establece que "de acuerdo a los procedimientos democráticos el objetivo último es la selección del jefe del Gobierno por sufragio universal tras la designación (de los candidatos) por un comité nominado de amplia representación". El sector más demócrata de Hong Kong siempre defendió que el sufragio universal debía entenderse con candidatos libres y no preseleccionados.
La publicación en junio pasado del libro blanco sobre Hong Kong desató las alarmas de Occupy Central, que con ocasión del 17° aniversario del traspaso de la colonia, el 1 de julio, convocó una manifestación y un referéndum no autorizado sobre el sufragio universal y los posibles candidatos, en el que participaron casi 800.000 personas. Aunque el profesor Benny Tai, principal dirigente de Occupy Central, consideró el resultado una victoria, la realidad es que en los 10 días que duró la consulta solo depositaron su papeleta uno de cada cinco posibles votantes, lo que debilitó el movimiento. Los líderes estudiantiles aprovecharon esa debilidad para tomar la antorcha de las actuales protestas, y exigen para iniciar el diálogo la dimisión del jefe del Gobierno, C.Y. Leung.
Todo apuntaba a que Xi Jinping, que hasta ahora había dejado a Leung la solución del conflicto, no aceptaría su destitución. El escándalo desvelado por un diario australiano sobre el presunto cobro por Leung de 6,4 millones de dólares de una compañía australiana en los dos últimos años puede facilitar su salida y la negociación. Periodista
