La puerta giratoria es un instrumento de favores que permite a los políticos pasar de la gestión pública a una rumbosa actividad privada sin mancharse las manos ni dejar huella. Como único requisito los afortunados habrán convertido la privatización de grandes empresas o imprescindibles servicios en llave de acceso al beneficio propio, de forma que cuando dejen la presidencia del Gobierno (Felipe, Aznar o Atutxa), el ministerio (Acebes, Solbes, Salgado, Croissier) o cualquier otro gran cargo público (Imáz, Marín, Roca) tendrán asegurado un pago morrocotudo en las compañías eléctricas (es solo un ejemplo) hasta que se jubilen bien jubilaos. Hasta ahora, esta refinada práctica de corrupción política era aceptada. Pero de repente, cuando la crisis obliga a las administraciones a olvidarse de las longanizas y comerse los perros, aparecen estos alcaldes de serie B que privatizan el suministro energético y mantenimiento del alumbrado de su pueblo (como forma de ahorro, dicen) y se cobran los mismos favores que los de la puerta giratoria, solo que con procedimiento de urgencia. No busquen las ocho diferencias entre ambos estilos porque solo encontrarán una: la del pago en diferido, que diría Cospedal. Así que cuando el presidente de la patronal eléctrica confiesa que está aterrado ante las propuestas de Podemos es porque le sobran motivos. Es imposible alimentar el misterio del déficit tarifario de las eléctricas cuando sus consejos de administración están plagados de políticos que contribuyeron a cebar la deuda. Periodista