Sorprende que el Partido Popular haya rechazado una comisión de investigación en las Cortes de Aragón a cuenta de los sobrecostes de urbanización en el polígono Plaza durante el mandato del socialista Marcelino Iglesias. No en vano, la pasada legislatura el partido conservador llegó a presentar una docena de quejas por falta de información respecto de la plataforma logística, y desde el cambio de gobierno del 2011 las dudas sobre las desviaciones en las obras de urbanización del polígono logístico han sido constantes. Oficialmente, la formación de Luisa Fernanda Rudi intentó explicar el giro de 180 grados con una motivación sencilla en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves. Dijo el portavoz conservador que no es intención del PP entorpecer la actuación judicial que se sigue a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. De paso, la presidenta justifica esta decisión para no perjudicar la imagen de Aragón como territorio seguro, fiable y con buena reputación. Tanto candor popular, cuando hasta el PSOE mostró su apoyo a la creación de la comisión pese a una fuerte división interna, suena a componenda. Es evidente que concurren otros factores y la explicación es más compleja.

Se me ocurre, por ejemplo, que al PP no le conviene abrir el melón de las investigaciones parlamentarias, teniendo en cuenta que hay otra votación pendiente respecto del pasado inmobiliario de Caja Inmaculada y la falta de control político para que sucedieran los desmanes. Que algún preboste de la cúpula popular tuviera negocios con la entidad financiera, hoy absorbida por Ibercaja, bien podría ser el factor que incomoda a Rudi para frenar cualquier investigación sobre el pasado de la CAI. En pocas palabras, parece que el potencial rédito a favor del PP de una comisión de investigación sobre Plaza se vería eclipsado por los perjuicios de que algún alto cargo popular se pusiera colorado delante de los parlamentarios por sus tejemanejes ladrilleros con la caja aragonesa. Cabe pensar, además, que al PP no le interesa una comisión sobre Plaza en este momento, antes de que la instrucción judicial fructifique. Siempre podría presentarla, e imponerla, a unos meses de las elecciones, con un mayor impacto sobre la opinión pública, y cuando ya sea imposible volver la vista atrás con la CAI. Como en tantos otros casos, el único efecto seguro de una comisión de investigación es la pena del telediario que sufren los comparecientes (y sus partidos), en un momento en el que la mera sospecha se convierte en condena pública a la vista de los desmanes en épocas pretéritas de bonanza.

Sea como fuere, del caso Plaza falta una respuesta fundamental para entender si nos encontramos ante una trama de ejecutivos de empresas presuntamente corrupta o si los sobrecostes que investiga la Justicia implican al plano político, bien al consejo de administración, formado por DGA, Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI, bien al propio departamento de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico. Por lo que se deduce de la investigación de la Fiscalía parece que nos encontramos ante el primer supuesto. A pesar del secreto de sumario decretado por el juez, está claro que las pesquisas por los sobrecostes en las obras de urbanización del polígono logístico se dirigen a la cúpula de Acciona en Zaragoza (encargada de las obras en una UTE con la empresa local Mariano López Navarro), al ejecutivo de Intecsa-Inarsa encargado de controlar la ejecución de los trabajos, así como a los ejecutivos contratados directamente por la sociedad pública Plaza (gerente y director técnico). De la lectura de los documentos que se han ido filtrando, queda claro que la Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en estas personas, guiado por la documentación que pudo aportar un extrabajador de Acciona despechado. En sus interrogatorios se les ha preguntado por obras presumiblemente no ejecutadas, por viajes de lujo pagados por la sociedad pública o por posibles desviaciones de trabajos encargados por la UTE que en realidad fueron ejecutados en propiedades de los imputados.

Solo uno de ellos es interrogado por el papel que pudo jugar el consejero delegado de Plaza, el socialista oscense Carlos Escó, viceconsejero de Obras Públicas en el Ejecutivo socialista y hombre de la máxima confianza del expresidente Iglesias. Si realmente, el objetivo de la Fiscalía, por sospechas fundadas, fuera determinar qué grado de implicación política existía en la trama presuntamente corrupta, las preguntas sobre el consejero delegado o sobre otros políticos, hubieran sido más insistentes y más específicas. Sin descartar incluso que pudiera producirse la imputación de algún político, al consejero delegado, y a todo el consejo de administración en general, se les debe atribuir de momento una sorprendente laxitud en la tutela de unas obras que multiplicaron casi por tres la licitación inicial. Ahora bien, inferir que los hoy acusados trabajaron en connivencia con los rectores de la sociedad pública resulta prematuro, como se descubrirá cuando se levante el secreto de sumario. De ahí que el PSOE de Javier Lambán lo haya tenido claro, apoyando la creación de una comisión de investigación a pesar de que la rama marcelinista de su grupo parlamentario no estuviera en absoluto de acuerdo en permitir su constitución y se produjera un conato de rebelión de diputados socialistas.