El pasado día 2 de mayo preguntaba en un artículo publicado en este mismo diario: ¿Para cuándo las propuestas educativas de los partidos políticos? Hoy, cuando faltan menos de cinco meses para la celebración de las elecciones generales, solo un partido (Ciudadanos) ha presentado a la sociedad sus propuestas educativas. Otro partido (PSOE) ha dicho que si logra gobernar anulará la actual ley de educación, pero falta conocer su modelo educativo, a no ser que consista en resucitar al cien por cien la LOGSE. Por lo que se refiere al PP, es de suponer que su única propuesta sea la de continuar con la LOMCE, aunque sospecho que sus figuras emergentes ni siquiera tienen claro si ese continuismo será lo que más les beneficiará, a juzgar por algunas declaraciones que ha hecho el nuevo ministro de educación al comprobar que los gobiernos regionales socialistas, presionados por Podemos, están decididos a paralizar el funcionamiento de la ley del PP.
Es cierto que todos los líderes políticos aseguran que nuestro país necesita un gran acuerdo sobre el tema educativo, pero ya sabemos que durante los cuarenta años que han transcurrido desde la muerte del dictador jamás se han esforzado los dos partidos que han gobernado para alcanzar ese pacto tan necesario para el progreso español, lo cual permite sospechar que después de las próximas elecciones generales tampoco se pondrán de acuerdo sin la mediación de un tercer socio que actúe a modo de árbitro. Personalmente, pienso que solo podría hacerse realidad ese pacto entre PP y PSOE si ninguno de los dos obtiene suficientes votos para poder gobernar en solitario ni en coalición a dos bandas, sino a tres (PP, PSOE y Ciudadanos). He dejado de lado a Podemos porque no me lo imagino coaligado con el PP en ámbitos tan ideologizados como los educativos. Por si acaso ocurriera ese milagro, a continuación ofrezco unas modestas propuestas.
Hoy parece existir unanimidad en que la mejor garantía de la excelencia educativa de un país es la calidad del profesorado, lo cual requiere una preparación adecuada para el desempeño de sus funciones y un salario digno. En lo que se refiere a la formación inicial del profesorado de la enseñanza obligatoria (es decir, Primaria más la ESO), considero fundamental la existencia de un único grado generalista de tres años, seguido de un máster de dos años con las siguientes especialidades: educación infantil, educación especial, educación física, educación musical, idiomas, ciencias humanas y sociales, ciencias naturales y físico-químicas, matemáticas. No cabe duda de que esa formación no se podrá conseguir si las Facultades de Educación no sufren un cambio radical en lo que respecta a los planes de estudio y a la calidad de su profesorado (no es comprensible que puedan ser profesores de esas Facultades quienes no han ejercido previamente como docentes en alguno de los niveles de la enseñanza no universitaria). El profesorado de la Formación Profesional y del Bachiller tendría que cursar un máster psicopedagógico de dos años una vez superado el correspondiente grado en las respectivas Facultades. Después de haber alcanzado esos requisitos sería el momento de cursar una especie de MIR semejante al de los médicos. Por lo que se refiere a la formación permanente, debería ser obligatoria durante el mes de julio, no mediante la realización de cursos impartidos por supuestos expertos, sino a través de talleres en los que se presenten experiencias innovadoras debidamente evaluadas. La puesta en práctica de esas experiencias sería un requisito para la percepción de incentivos pecuniarios y para la promoción profesional. Ni que decir tiene que esas exigencias formativas deben ser las mismas para el profesorado de los centros públicos y para el de los privados.
Asimismo, parece lógico que durante el proceso de la elaboración de ese pacto se lleve a cabo una evaluación de lo que ha funcionado satisfactoriamente y de lo que no, con el objetivo de conservar lo correcto y de modificar lo que ha fracasado. Sin menospreciar otros ámbitos, dicha evaluación debería comenzar por la relación de la ESO y el fracaso escolar que conlleva tal y como está estructurada actualmente, el rol del profesorado de apoyo y de los equipos psicopedagógicos para una inclusión exitosa de los alumnos con necesidades especiales en aulas ordinarias, los criterios para la elección de centro con el propósito de evitar los guetos escolares, cuándo y cómo introducir diversos itinerarios curriculares, ventajas e inconvenientes de abolir los cursos y su sustitución por los ciclos para permitir un agrupamiento del alumnado más flexible y una enseñanza más personalizada, el impacto negativo de la repetición de curso, la sustitución del libro de texto por alumno por la biblioteca de aula, ventajas y desventajas del aprendizaje cooperativo por comparación al aprendizaje individual, análisis de distintos modelos de evaluación de los alumnos, ventajas e inconvenientes de compartir una misma aula varios profesores para permitir la existencia de una ratio flexible profesorado-alumnado en función de cada tipo de actividades, estudio de diferentes alternativas a la escolarización de los alumnos del medio rural (por ejemplo: la implantación de escuelas-hogar comarcales).
Catedrático jubilado. Universidad de Zaragoza
