Si la planificación educativa en Aragón depende los tribunales, ¿para qué sirve el autogobierno? Lo ocurrido este año en el proceso de escolarización, con la DGA suprimiendo aulas concertadas y la Justicia obligando a mantenerlas, debe llevar a una reflexión profunda. Si finalmente van a mantenerse abiertas las vías que pidan los padres, y no las que oferte la administración, ¿dónde queda el papel del Gobierno autonómico? Una cosa es defender los derechos de los padres y otra vulnerar la obligación de la DGA de velar por el interés general. ¿Actuarían igual los jueces si se tratara de reabrir una aulas cerradas para ahorrar dinero público? El tema tiene miga: ¿por qué no ocurre lo mismo con otros conciertos?
