Como no podía ser de otro modo, dada la gravedad del asunto, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la brutal paliza propinada a dos guardias civiles y a sus respectivas parejas en Alsasua por parte de un grupo de jóvenes que, al parecer, se proclaman partidarios de la separación de Euskadi y de Navarra del estado español y que, en consecuencia con ese planteamiento, luchan para que las fuerzas del orden público estatales se marchen de esas dos regiones españolas. En mi caso me voy a limitar a analizar lo que considero una de las causas principales de esa violencia, apoyándome en los resultados de una investigación realizada en Euskadi por dos profesoras universitarias (Arribillaga, A. R. y Molero, B.: Asunción de los símbolos nacionales (banderas) en las comunidades autónomas: el caso vasco.- Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20, 143-160, 1994).

Ambas autoras eligieron una muestra al azar, integrada por 274 alumnos de la provincia de Vizcaya que asistían a colegios públicos, la mitad escolarizados en el «modelo A» (enseñanza en castellano más la asignatura de euskera) y la otra mitad escolarizados en el «modelo D» (enseñanza en euskera más la asignatura de castellano). Los alumnos estaban escolarizados en los siguientes cursos: 1º, 4º y 7º de EGB, y 1º de BUP. A todos ellos les presentaron unas tarjetas que contenían 32 banderas: todas las de las comunidades autónomas españolas, la española, dos más por cada continente, la de la Cruz Roja, la de la ONU, la olímpica y la de la Comunidad Europea.

Los objetivos que se plantearon dichas investigadoras fueron muy variados, pero aquí únicamente me voy a referir a los relacionados con las actitudes y los comportamientos de los alumnos cuando se les presentó la ikurriña y la bandera española. Los resultados muestran muy claramente que en los primeros cursos de la EGB no aparecen diferencias significativas entre las actitudes hacia ambas banderas en ninguno de los dos modelos de escolarización. En cambio, a medida que se asciende en la escolarización (especialmente, en 7º de EGB y en 1º de BUP) se comprueba que los alumnos del modelo D rechazan abiertamente la bandera española para que los represente en unos juegos olímpicos hipotéticos y, en cambio, prefieren la ikurriña (en los alumnos del otro modelo también se advierte ese rechazo aunque en porcentajes mucho más pequeños). Si ese rechazo hacia la bandera española ya resulta muy alarmante, todavía lo son más las razones que esos alumnos ofrecen para justificar su elección. En el curso 7º de la EGB y en 1º de BUP predomina un rechazo violento en los alumnos del modelo D, basándose en argumentos irracionales y racistas (la bandera española es el símbolo del país que ha robado a los vascos; la raza vasca es superior a la española y necesita una bandera; etc).

No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta del efecto devastador que sobre las mentes de los alumnos va ejerciendo paulatinamente un modelo educativo basado en el odio. Que ello es así lo evidencia el comportamiento de los jóvenes que atacaron a los guardias civiles y a sus parejas. Unos jóvenes educados en unas escuelas pagadas con fondos públicos cuyo objetivo principal es el odio hacia los símbolos españoles. Según las declaraciones que las parejas de dichos guardias civiles han hecho a diferentes medios de comunicación, las expresiones de odio de los atacantes son idénticas a las de los alumnos de los últimos cursos que participaron en la investigación anteriormente comentada.

Hoy ya no tiene sentido debatir si estuvo bien o mal que la educación fuera transferida a los gobiernos regionales, aunque mucho me temo que si hubiera continuando siendo una competencia exclusiva del gobierno central hoy no estaría España en la cola de todos los procesos evaluadores internacionales sobre la calidad de nuestro sistema educativo. En cambio, entiendo que ha llegado la hora de poner en marcha, con contundencia y sin miedo, las medidas legales pertinentes para arrebatar esa competencia a los gobiernos de Cataluña, Euskadi y Navarra, siendo que está más que demostrado que han empleado ese privilegio para introducir en las mentes de los escolares el odio hacia todos los símbolos españoles. Máxime cuando ese odio, tal y como demuestran los lamentables hechos ocurridos recientemente en Alsasua, acaba convirtiéndose en violencia física contra miembros de las fuerzas del orden público cuyo único delito es dedicar sus vidas a proteger a la ciudadanía de la barbarie utilizada por determinados grupos aberzales e independentistas vascos contra las personas físicas y por parte de una extraña amalgama de partidos independentistas catalanes contra las decisiones judiciales.

Esos hechos demuestran claramente que es necesario evitar a toda costa que en las escuelas se impartan enseñanzas que fomenten en los alumnos el odio hacia quienes no piensan como ellos, hacia quienes pertenecen a religiones diferentes a las de sus padres, o hacia quienes militan en un grupo político o religioso diferente al que controla cada escuela. Hoy, en una sociedad multicultural y multirreligiosa como es la española, cualquier gobierno democrático tiene el deber de prohibir explícita y tajantemente que en las escuelas se enseñen ese tipo de doctrinas.

*Catedrático jubilado. Univ. de Zaragoza