Ha sido noticia que el presidente boliviano Evo Morales ha nacionalizado cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro, 'Elfeo', además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Rajoy y por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles.

Lo que callan, y no por desconocimiento, es que en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo "Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. "Cuatro meses de negociación sin resultado", "Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar". Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones "son un derecho humano" y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado". "Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza". Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional. Igual que en España. Por lo visto, para Iberdrola estas peticiones del gobierno de Evo eran inasumibles cuando su presidente Ignacio Sánchez Galán, ganó 17 millones en 2008 entre sueldos y gratificaciones. ¡Vaya ejemplo de solidaridad!

Por otra parte, existe una gran diferencia entre un gobernante que nacionaliza un servicio básico para rebajar la factura de la luz y beneficiar a la ciudadanía, y otro que permite una subida de más del 3% para todos los españoles. Con el nivel de sufrimiento que está acumulando la sociedad española, sorprende la insensibilidad social de un gobierno que permite tal injusticia. En el artículo de Jesús Mota, titulado El yugo de la tarifa eléctrica, que deberíamos leer todos los españoles preocupados por la cosa pública y el que no lo esté, aunque solo fuera por su bolsillo, se indica que el sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en España es pieza básica la subasta CESUR (la subasta de Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso, tótem inapelable que determina cuánto pagan los comercializadores por la electricidad y, en consecuencia, los ciudadanos de a pie), que no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final. No es una subasta, a la que acuden productores por una parte y compradores por otra, sino que las propias empresas y sus filiales compran, venden y encharcan los precios hasta modular a conveniencia las subidas. Algo parecido a la ruleta de la fortuna en el Far West que el mañoso crupier frenaba o aceleraba mediante un mecanismo pedestre para desplumar a los incautos. La responsabilidad política de este desaguisado energético post PP (que fue quien lo creó) tiene nombres., José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián, y ahora José Manuel Soria, ministros del ramo, sin interés, sin capacidad o sin poder político para reformar el mercado eléctrico.

Mas el expolio no sólo es en la factura eléctrica, también es en los 25.000 millones que el Estado debe a las eléctricas, lo que supone deuda pública, que hay que financiarla y pagarla todos los españoles, con los consiguientes recortes sociales. Esta cuestión daría juego para otro artículo. Mas, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Seguirá todo igual. Veámoslo. Prestigiosos políticos forman parte como consejeros o asesores, con remuneraciones suculentas, de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas. Ángel Acebes es consejero de Iberdrola, y durante el primer semestre del 2012, por el trabajo de dos meses, periodo en que se celebraron dos consejos de administración y una junta general de accionistas, percibió 145.000 euros. Iberdrola Ingeniería fichó como consejero al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Endesa a Miquel Roca Junyent. Gas Natural y Endesa a Felipe González y José María Aznar por lo que cobrarán respectivamente 126.500 euros al año, y 200.000. Estos casos son un ejemplo del efecto "puertas giratorias": el trasvase permanente del mundo de la alta política al de la alta empresa y viceversa. Muchos políticos mientras están en activo, aprovechan sus contactos con el mundo empresarial, para prepararse unas buenas colocaciones para el futuro. Así se entiende que los gobiernos de turno estén al servicio incondicional de los jefes de las eléctricas, bancos o grandes empresas. Y luego todos estos caballeros van alardeando de patriotismo, y además nos exigen sacrificios al resto de los españoles para salir de la crisis. De verdad, somos más pacientes que el mismo Job. Profesor de instituto