Las crisis sirven para replantearse el estatus de las cosas. Durante las vacas gordas la gente tiende a estar satisfecha; come, disfruta y no piensa. Bienvenidas las crisis, son necesarias para que no nos convirtamos en vacas. La megacrisis actual nos está inmunizando ante ubres y cuernos activando un cerebro cuestionador. Por ejemplo, ¿por qué no cuestionar el sacralizado marco jurídico-político que nos acompaña desde 1976? La venerada Transición fue un pacto que, en pos de la ansiada democracia, mantuvo los poderes económicos del franquismo y echó un velo de olvido sobre los desmanes de una dictadura criminal. Sobre ese ejercicio de amnesia asumida (generosidad de la izquierda, heredera de los perdedores) se edificó un régimen democrático que ha deparado el mayor periodo de paz y prosperidad de España. No obstante, escudados en esa legitimidad democrática, se han parapetado privilegios que benefician a un patriciado político y a los oportunistas económicos.
El Movimiento 15-M ha servido para despertar de ese dulce letargo y comprobar que, por muy democrático que se enuncie, nuestro sistema jurídico-político se malogra en muchas vías de aguas fecales. Es entonces cuando hemos descubierto que los principios y derechos de la Constitución de 1978 no se están cumpliendo. No se garantiza el derecho al trabajo y a una vivienda digna, por ejemplo. Estos incuestionables derechos han sido secuestrados por los intereses del mercado financiero especulativo y la voracidad de las inmobiliarias alentadas por legislaciones nada garantistas sobre el suelo. El secuestro o tergiversación de los fueros constitucionales se puede constatar de facto en muchos capítulos. Los políticos han pasado de ser, en buena medida, servidores públicos a detentadores de privilegios vedadosal resto de los ciudadanos; la universidad ha renunciado a su vocación de excelencia y vanguardia investigadora para convertirse, en bastantes casos, en un corral de cómodas endogamias; el funcionariado tiene más de retiro dorado que de voluntad de servicio público controlado con resultados; los sindicatos subvencionados tampoco destacan por sus reflejos; los medios de comunicación son, en buena medida, correas de transmisión de los intereses de grandes grupos; la singular y variada naturaleza ibérica se ha sacrificado en determinadas ocasiones a espurios intereses (la destrucción del litoral es un ejemplo más que inquietante); la justicia es un mastodonte lento, ineficaz y a veces mercantilizado que no garantiza las justas demandas de numerosos ciudadanos; hasta la "mejor sanidad del mundo" se empieza a pervertir con los chanchullos farmacéuticos...
Cubiertos de banderas "progresistas" o "nacionalistas" han surgido redes de intereses de dudosa legalidad, desde intocables empresas semipúblicas conectadas con intereses políticos --de eso en Aragón sabemos mucho-- hasta tinglados poco transparentes en la gestión de fondos, como se ha demostrado recientemente con la aristocracia de la SGAE. Quizá estos entes sean legales, pero no son admisibles en una democracia que debe ser recuperada en su funcionamiento idóneo. Para colmo el toco mocho del euro, corregido y aumentado por la voracidad de los todopoderosos bancos franco-alemanes a la caza de los PIGS de turno. ¿Dónde queda la Europa de los ciudadanos?
MUCHAS DE ESTAS situaciones, que se podrían completar con otras similares en una radiografía más exhaustiva del Gran Secuestro, son legales, pero no responden a ese prístino impulso democrático del 76 ni a la Constitución de 1978. Así pues, es responsabilidad de los políticos cumplir ese marco legal y esos principios democráticos. Y ellos deben ser los primeros en asumir deberes. Los ciudadanos, no obstante, debemos estar vigilantes y presionantes para que así sea. ¿Cómo se cumple esto? Se me ocurren para empezar un puñado de iniciativas: renunciar a los privilegios de los políticos (la nueva legislatura ha empezado en Aragón en sentido contrario: con iniciativas compensatorias para los "pobres cesantes"), recuperar la iniciativa de la política sobre los caprichos de los mercados, garantizar el tejido productivo y la libre competencia de las empresas (sin ventajismos de parasitados entes semi-públicos), controlar por iniciativas legales posibles componendas y sistemas clientelares, garantizar un régimen fiscal más equitativo y efectivo, racionalización y garantías en las políticas de suelo y medidas contra la especulación, conminar a los bancos para que apuesten por una economía más productiva que especulativa y dinamicen el área de la creatividad y la cultura superando la subvencionitis y el patronazgo cautivo, etc.
Estas y otras medidas, que a buen seguro se les ocurren a los lectores, conducirían a desmontar la impostura de ese Gran Secuestro que ha tergiversado y manipulado el primigenio impulso democrático y constitucional. De lo contrario todo serán operaciones de maquillaje: los mismos perros con distintos collares. Por eso los nuevos mantras del PP reinante suenan a pura demagogia, también en Aragón: reducción de altos cargos que son funcionarios de alto grado y seguirán cobrando muchísimo, austeridad salvo en las comarcas, regeneracionismo manteniendo al imputado Camps redimido como protomártir de la causa... Como dijo Lampedusa: que todo cambie para que todo siga igual. Los cambios solo vendrán con la continuada movilización de los ciudadanos en nombre de la democracia (de verdad) y los derechos básicos constitucionales. Filósofohttp://ruinasdelnaufragio.blogspot.com
