Que el Partido Popular ha colocado a las instituciones del Estado en una situación de emergencia democrática es una realidad difícilmente cuestionable. Además de la corrupción estructural que el PP traslada a todos los ámbitos de la vida pública, nunca en democracia se había vivido un grado tal de utilización de la Justicia en favor de intereses de partido, ni se había atentado de modo tan brutal contra la libertad de expresión de la ciudadanía, ni se había manipulado y cercenado a estos niveles la libertad de prensa, ni se había desarrollado una política atenta a satisfacer la voracidad de intereses privados ligados al propio Partido Popular. La condonación de 60.000 millones de euros a la banca, apenas comentada en los medios, es un ejemplo de cómo para el PP los intereses de sus cercanos están antes, mucho antes, que los de la ciudadanía en su conjunto. De hecho, su práctica cotidiana apunta en esa dirección, como podemos constatar estos días en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde los de Azcón se empeñan en seguir alimentando los intereses de la banca vía cancelación de créditos: de modo delirante, prefieren cancelar un crédito que costará a la ciudad tres millones de euros por su cancelación anticipada, antes que otros que saldrían gratis. Aunque aquí es preciso señalar el seguidismo de un PSOE que en Zaragoza es difícilmente distinguible del PP.
Así la cosas, entiendo que es una exigencia en defensa de la democracia desalojar al PP del Gobierno central y de cuantas instituciones sea posible. Cuanto más tiempo ocupe el Estado el PP, más gangrenará las instituciones y más las utilizará para seguir manteniéndose en el poder. Cada vez hay más indicios de que en Madrid el PP llegó al gobierno de la Comunidad, con Esperanza Aguirre, de manera fraudulenta, a través del tamayazo; cada vez hay más datos para afirmar que el PP no acude a las elecciones en igualdad de condiciones, sino cargado ilegítimamente con todo el dinero que le proporcionan sus tramas corruptas.
Sé que articular una mayoría alternativa es complicado, muy complicado. Pero no imposible. Sin embargo, en política hay que saber jugar con las cartas que nos han dado y no desear tener otras. Además, estamos hablando de una situación de emergencia democrática que, como tal, exigiría un programa para hacer frente a esa emergencia. Desde esa perspectiva, y a pesar de las diferencias que separan a los partidos sobre los que se podría construir una alternativa, creo que es posible articular un programa de mínimos para lo que resta de legislatura y que permitiera al país afrontar, en su momento, unas nuevas elecciones con garantías democráticas, ahora muy mermadas. No parece que sea imposible ponerse de acuerdo en una batería de medidas contra la corrupción en el ámbito de la Justicia, como por ejemplo garantizar la independencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno, o dotar de muchos más medios a la Fiscalía anticorrupción. También podría ser el momento de abordar una nueva Ley Electoral que corrigiera las injusticias y desajustes de la actual. Son solo dos ejemplos en el que la sintonía entre fuerzas muy diferentes pudiera producirse sin excesivos problemas.
En todo caso, no parece razonable que ante la gravedad de la situación no se exploren todas las vías posibles. Es cierto que cada vez más da la impresión de que Ciudadanos apuesta por ser el recambio del PP y que se ha convertido en su sustento allí donde le necesita. Ni siquiera con el tema de la corrupción mantiene Ciudadanos una posición exigente y permite, como en Murcia, que el PP continúe en el poder sin ningún tipo de autocrítica. A pesar de ello, hay que darle la oportunidad de que recupere el discurso de regeneración con el que apareció.
Aunque suene un tanto dramático, el tiempo corre en contra de la democracia. Si realmente analizamos, y creo que muchos lo hacemos, que vivimos una situación de excepción, es preciso implicarse para cambiarla. O al menos, sentarse para considerarlo.
*Profesor de Filosofía. Universidad de zaragoza
