En 1997, con el Sr. Aznar como presidente del Gobierno, se crearon en las distintas cuencas las sociedades estatales de aguas; entre ellas ACUAEBRO, Aguas de la Cuenca del Ebro S.A., con CANASA ---Canal de Navarra SA--, CASEGA --Canal Segarra-Garrigues-- y DEPURBAIX -Depuradora del Baix Llobregat, como filiales. En 2013, el Gobierno fusionó ACUAEBRO con ACUANORTE y ACUASUR, formando ACUAES ---Aguas de las Cuencas de España--. En esa misma línea, en 2004, se creó ACUAMED, sobre la base de la Sociedad Estatal Infraestructuras del Trasvase S.A que debía gestionar el proyectado Trasvase del Ebro. En 2010 el Gobierno decidió que ACUAMED absorbiera ACUASEGURA y ACUAJÚCAR.
Estas Sociedades, tuteladas por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente se crearon para gestionar competencias del Estado en materia de fomento de obra pública hidráulica, con el fin de facilitar la inversión privada en obras hidráulicas. El Sr. Arias Cañete llegó a presentar estas Sociedades como empresas de transición hacia fórmulas avanzadas de privatización en materia de aguas. La estrategia preveía afrontar con capital público las principales inversiones en grandes infraestructuras, como grandes presas, asumiendo su falta de rentabilidad, fuertes riesgos financieros y largos periodos de amortización, para posteriormente dar entrada al capital privado en actividades y proyectos derivados con garantías de beneficio.
Podría servir de ejemplo la estrategia desarrollada en el sistema Itoiz-Canal de Navarra. La masiva inversión en el embalse (460 millones de euros) fue hecha por el Estado; la del Canal (483 M€) la hizo CANASA (ACUAES), con 60% de fondos estatales y 40% de la Diputación Foral. Sin embargo, la gestión de la zona regable se ha concesionado a Acciona, Caixa, Agbar y OHL, bajo un “peaje en la sombra” del Gobierno de Navarra, que garantiza a estas empresas un negocio seguro. Los regantes deben pagar unos 280 €/ha/año en total, mientras el Gobierno Navarro asegura a las empresas, con el peaje en la sombra, otros 680 €/ha/año, durante 30 años. De esta forma, tomando la referencia que supone la ampliación del regadío en Canal de Navarra en su primera fase, estas empresas, con una inversión de unos 140 M€, se garantizan unos ingresos en 30 años de 450 M€, sin riesgo alguno. Mientras tanto, CANASA, que junto al Estado asumió la inversión más pesada, con fondos estrictamente públicos (presa y canales), está al borde de la quiebra.
En todo caso, en contra de lo planteado en un principio, la inversión privada nunca llegó al cuerpo central de estas Sociedades, con lo que el capital, tanto de ACUAES como de ACUAMED, es 100% público. Lo que si han conseguido es gestionar las inversiones públicas en obra hidráulica de forma aún más oscura de lo que es y era habitual, favoreciendo así la corrupción que hoy se empieza a conocer. Adoptando esta estructura empresarial, la gestión de las inversiones públicas se substrae a los mecanismos habituales de la Intervención del Estado que, aún siendo imperfectos, suponen un control no despreciable; se eluden restricciones funcionariales en la contratación de personal, favoreciendo el sometimiento de los empleados por miedo al despido, al tiempo que se eluden también las obligaciones de transparencia que la ley exige en las Confederaciones Hidrográficas. De esta forma, ACUAES y ACUAMED han visto protegida su opacidad desde su derecho a preservar la privacidad de sus datos de gestión, como si de empresas privadas se tratara. No es de extrañar que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización sobre las sociedades estatales de aguas en 2010-2011, llegara a cuestionar su existencia, aunque nadie le hizo caso.
Pues bien, ACUAES es la empresa que gestiona desde Madrid, de forma opaca, el abastecimiento de Zaragoza y de unos 40 municipios de la provincia, desde ese macro-sistema absurdo (con una inversión de 165 M€) que trae agua desde Yesa para luego bombearla, Jalón arriba y Huerva arriba, hasta la Almunia y Cariñena (546 m de bombeo efectivo, habiendo aguas de mejor calidad cerca, en la sierra de Águilas, que se serviría por gravedad), a un coste de 2 € por metro cúbico (agua bruta, sin depurar ni potabilizar), que en un 35% paga el Estado (es decir todos y todas) y en un 62% los vecinos de Zaragoza, aunque no usemos ese agua. Y todo ello a través de una gestión oscura de ACUAES, la empresa gemela de ACUAMED, combinada con una estrategia tan errónea como irresponsable de la CHE, que lleva gastados casi 100 M€ en un embalse, la Loteta, que hoy sabemos no podrá regular aguas de calidad para Zaragoza, por estar ubicado sobre un sustrato de yesos que saliniza sus aguas… 100 M€ tirados, que intentarán cobrarnos también a los vecinos de Zaragoza, si no lo evitamos.
Hoy sabemos que desde ACUAMED nos han estafado presuntamente, cuando menos, 38 M€. ¿Alguien está auditando con rigor ACUAES, que tiene el mismo ADN que ACUAMED, con una estructura y unos objetivos similares, bajo la autoridad de los mismos responsables en ese ministerio que dirigió, al principio de esta historia de corrupción, el Sr. Cañete, y que hoy dirige la Sra. Isabel García Tejerina? H
*Diputado de Zaragoza Por Unidos Podemos
