El Gobierno aragonés ha presentado un ambicioso plan de infraestructuras educativas que sumará inversiones por valor de 136 millones de euros desde ahora hasta el 2020. Según la consejera Mayte Pérez, supone «un esfuerzo sin precedentes», esfuerzo destinado a paliar el parón de cuatro años que llevó a cabo el anterior Ejecutivo.
La propuesta es importante y sin duda define el interés por la educación del equipo que preside Javier Lambán. Pero si ha de funcionar de verdad a medio y largo plazo será preciso contar con un mínimo de estabilidad política, de tal forma que los fondos precisos para llevarla a cabo lleguen invariablemente ejercicio tras ejercicio: 34 millones cada año. Si ese ritmo se rompe, todas las buenas intenciones relativas a la enseñanza en general (también la universitaria) acabarán frustrándose. De hecho ya existe la sospecha fundada de que, si no mejora sus ingresos de manera notable, el Gobierno de Aragón va a seguir encallado en un déficit por encima de lo dispuesto.
Para asegurar políticamente el actual plan de infraestructuras, y teniendo en cuenta que hay nuevas elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2019, sería imprescindible un acuerdo general entre las fuerzas políticas que salvaguarde las inversiones y su intención.
Por otra parte, avanzar con decisión en el terreno de la enseñanza no solo requiere fondos, aunque estos sean importantísimos. Hay otros factores esenciales. En estos momentos, la hegemonía de la educación pública necesita afianzarse con una oferta formativa de calidad y capaz de rentabilizar el descenso del número de alumnos (que ha de ir a más en cursos posteriores) traduciéndolo en una atención a los mismos más cuidada y más ambiciosa en sus objetivos.
Junto a las infraestructuras, la evolución de la enseñanza habría de incluir un plan para la constante mejora de la capacidad del profesorado, estabilizando las plantillas y proponiendo a sus integrantes una carrera profesional que premie la iniciativa y la dedicación. De hecho, la educación está a punto de experimentar una auténtica revolución, vinculada a los recursos pedagógicos que habrán de cambiar drásticamente para ceñirse a las nuevas tecnologías.
Si existe un compromiso que los políticos deben asumir de manera inequívoca, es el que se refiere a la educación. Es hora de que se haga notar.
