Enterrar el muerto, rápido y hondo

En lo que se refiere a la disolución del IAA, es una propuesta de la RAPA (Red Agua Pública de Aragón), que en un principio se tildó de radical e infundada, para más adelante considerarla razonable. El argumento desde un principio, era claro: este tipo de instituciones públicas se justifican cuando la Administración debe afrontar frecuentes compras, ventas y demás operaciones mercantiles. En tal caso la figura de un instituto público, como el IAA, tiene sentido, al conseguirse una estructura de corte empresarial que agiliza los trámites mercantiles; aunque, eso si, a costa de reducir el control y vigilancia de la Intervención del Estado, hacer más opaca la gestión pública, realizar contrataciones de facto a dedo por la dirección, fuera del control de sindicatos y al margen de las exigencias funcionariales… Sin embargo, dadas las escasas competencias en materia de aguas que le corresponden a la DGA, y el tipo de funciones, esencialmente administrativas, que se derivan de ellas, lo razonable habría sido organizar una buena Dirección General de Aguas. La única razón para crear el IAA no pudo ser otra que la de organizar una estructura opaca para organizar el negocio de la privatización del agua. Y ciertamente ese operativo, que diseñó y administró el PAR, bajo la dirección de Boné, con el visto bueno de los gobiernos de Marcelino Iglesias y de Luisa Fernanda Rudi, cumplió a las mil maravillas esa expectativa de opacidad y descontrol, como ha certificado el reciente informe de la Cámara de Cuentas, insistentemente pedido por RAPA y forzado por Podemos en las Cortes.

En lo que se refiere al Plan de Saneamiento del Pirineo, presentado como la joya de la Corona, la RAPA lo ha venido denunciando desde hace cinco años, no sólo como inviable, sino como una auténtica estafa con “aromas de corrupción”. Cinco años denunciando la planificación y diseño (costosos proyectos) de decenas de depuradoras en pueblos deshabitados, o con escasos habitantes. Cinco años advirtiendo sobre el dimensionamiento desmedido de las plantas y sobre la insensata selección de tecnologías intensivas para pueblos de menos de 2.000 habitantes. Cinco años denunciando la oscura y apresurada licitación de depuradoras, aún en pueblos que no habían cedido sus competencias, como Bielsa, entre otros…

En este contexto, llama la atención que, de repente, se nos conceda razón en casi todo lo denunciado aunque eso sí, sin abrir espacios de autocrítica, transparencia y participación ciudadana, con un volantazo y rueda de prensa, en la que se anuncia un funeral de urgencia, para el IAA + Plan de Saneamiento del Pirineo, en vísperas del parón veraniego. Creo que no hace falta ser mal pensado para sospechar que, tal vez, sea lo que parece ser… ¿No será que se quiere enterrar bien hondo al muerto, precipitadamente ejecutado, con toda la porquería debajo?

En todo caso yo seguiré insistiendo en mis preguntas a Javier Lambán:

1- ¿Por qué la DGA promovió, y el ministerio aceptó, que las depuradoras del Pirineo se privatizaran por 20 años, bajo la fórmula de «Concesión de Obra y Servicio», si se disponía de 169 millones de euros del ministerio, a fondo perdido, para construirlas?

2- ¿Por qué la DGA no denunció los contratos incumplidos por las empresas que no construyeron las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios? Y añado ahora: si de un plumazo se han resuelto esos contratos ¿se les están pidiendo a las empresas esos daños y perjuicios en favor de los ayuntamientos estafados?

3- ¿Por qué la DGA mantiene su acoso sobre ayuntamientos, como el de Bielsa, sabiendo que la licitación de sus depuradoras por la DGA fue y es nula de pleno derecho, al no haber cedido esos ayuntamientos competencias? Y añado ahora: ¿no se pretenderá ahora cubrir con un tupido velo las responsabilidades de este abuso de autoridad tan injusto como ilegal?

4- Después de haber maltratado a los ayuntamientos del Pirineo, ocultándoles que disponían de fondos para sus depuradoras ¿cómo es posible que la DGA mantenga esa cláusula abusiva en los convenios de cesión de competencias, según la cual la responsabilidad del vertido es de los ayuntamientos, aunque hayan cedido sus competencias a la DGA?

5- ¿Por qué la DGA, habiendo incumplido sus compromisos con los ayuntamientos, no reconoce como una deuda suya hacia esos ayuntamientos lo pagado indebidamente por sus vecinos, como ICA + lo pagado a la CHE como canon de vertido? Y añado yo ahora: en la medida que los jueces certifican que deben pagarse esas injustas multas por no disponer de las depuradoras que debió construir la DGA con el dinero que llegó de Madrid, ¿pagará la DGA esas multas? ¿Recuperarán esos ayuntamientos la pérdida patrimonial que les supuso el que la DGA se gastara, en obras que no eran de interés general, los 140 millones que llegaron a Aragón (de los 169 comprometidos)?

6- ¿Se abrirá un proceso de oferta de empleo público, con valoración de méritos, para los puestos de trabajo de esa nueva Dirección General de Aguas, tal y como exigen los sindicatos unánimemente, o se dará por buena la contratación a dedo que hizo el IAA?

*Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza