Ya son diez los centros concertados a los que la DGA anunció el cierre de aulas que han logrado medidas cautelares en los tribunales que paralizan tal acción. Ayer la consejera Mayte Pérez, además de anunciar que recurrirá las decisiones judiciales verbalizó lo que considera una indefensión. «Se está maniatando la acción de la Administración (...) y se deslegitima la acción del Gobierno en defensa del interés general». Desde luego, las decisiones judiciales inciden directamente sobre la planificación educativa, con el proceso de escolarización en puertas. ¿Qué salidas quedan?