Todos los años, durante el tiempo en que las familias tienen que pedir plaza para sus hijos en las escuelas, algunos grupos sociales muy vinculados a los sindicatos de la enseñanza se quejan de que ciertos colegios públicos se saturen de niños inmigrantes, cosa que no ocurre en los concertados, en los privados no subvencionados, o en los públicos situados en los barrios más elitistas.
Todo el mundo con un poco de sentido común sabe que ese tipo de quejas solo sirven para justificar el papel social de dichos grupos. Por ello, a pesar de su inoperancia y de su irrelevancia pedagógica, hay que entenderlas como algo perfectamente normal, sin concederles mayor relevancia que la que tienen. En cambio, me parecen mucho más preocupantes las soluciones que proponen para acabar con esa situación.
A juzgar por las declaraciones hechas por esos colectivos a la prensa, la solución ideal sería que la Consejería de Educación distribuyera a esos niños, de forma obligatoria, por todos los colegios públicos y concertados de la ciudad, procurando que en ninguno de ellos ese tipo de alumnos sobrepase el 30% por aula, amparándose en la autoridad carismática del Justicia de Aragón, quien al parecer solicitó a la DGA esa cifra mágica. Paralelamente, defienden a capa y espada que todos los niños deberían ser escolarizados en los colegios más cercanos a sus domicilios.
Es bastante obvio que son dos reivindicaciones contradictorias entre sí. Si ocurre, como suele ser habitual, que las familias inmigrantes viven en ciertos barrios, lo lógico es que soliciten plaza para sus hijos en los colegios de esos barrios. Como a su vez, la vigente legislación prioriza la escolarización en las escuelas más cercanas al domicilio familiar y favorece a las familias con rentas más bajas, resulta comprensible que los colegios públicos de esos barrios se llenen de alumnos inmigrantes.
Es decir, o bien se solicita la aprobación de una legislación cuyos criterios sean contrarios a la escolarización en los colegios más próximos al domicilio familiar; o bien se deja en pie esa legislación, en cuyo caso hay que aceptar la saturación de alumnos inmigrantes en determinados colegios públicos. Reivindicar una cosa y la contraria, aparte de no tener ninguna lógica, parece un planteamiento contrario a los niños inmigrantes. ¿Por qué deben ser repartidos esos niños por las escuelas de la ciudad y no se pide lo mismo para los niños españoles?
Antes de continuar quiero dejar claro que no dudo de las buenas intenciones de esos colectivos, agrupados en la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública. Sin embargo, creo que no han tenido en cuenta estos dos datos: a) que no existe ninguna correlación entre la excelencia académica y la escolarización cercana al domicilio familiar; b) que la escuela es dependiente de la estructura social en la que está inmersa.
Como todo el mundo sabe, los colegios privados no subvencionados suelen estar situados en las afueras de la ciudad, lo cual obliga a que sus alumnos tengan que ir en autobús. A pesar de este "inconveniente", son los que ocupan los primeros lugares en las evaluaciones externas y en el examen de selectividad universitaria.
Por otra parte, los sociólogos de la educación han demostrado que la escuela es un reflejo de la sociedad en la que está inmersa y que su estructura organizativa legitima las diferencias sociales. Por lo tanto, no tiene ningún fundamento, sociológicamente hablando, reivindicar que los niños inmigrantes sean distribuidos por todos los colegios de la ciudad, ya que esas familias mayoritariamente habitan en los barrios más desfavorecidos de las ciudades.
Si de verdad se desea acabar con los guetos escolares, lo lógico sería defender unas políticas sociales más justas y equitativas, susceptibles de permitir que las familias inmigrantes pudieran vivir en los barrios más elitistas de la ciudad. Por desgracia, estas políticas sociales jamás se llevarán a cabo en una sociedad clasista y xenófoba, pero al menos su reivindicación daría coherencia y rigor a la petición de una distribución más equitativa de los niños inmigrantes en las escuelas públicas. O dicho con otras palabras. Antes de formular unas reivindicaciones tan poco fundamentadas, aunque bien intencionadas, sería necesaria una mejor redistribución social de la riqueza y un profundo cambio en las actitudes sociales con respecto a la emigración. Las dos variables me parecen fundamentales para lograr un modelo de escuela más inclusiva, pero sobre todo la segunda. No hay nada más que leer la prensa para darse cuenta de que las familias españolas huyen de esos colegios llenos de niños inmigrantes, lo cual demuestra que el discurso teórico anti xenófobo va por un lado y por otro muy distinto las actitudes sociales.
Catedrático jubilado de Pedagogía, Universidad de Zaragoza
