En los medios de la Villa y Corte, la repercusión informativa de la reunión de seis presidentes de otras tantas comunidades integradas en la España interior, la España vacía, apenas tuvo repercusión. La crónica política de esa jornada casi no recogió el acontecimiento. El llamamiento a un nuevo sistema de financiación autonómica, que asuma la situación de territorios donde el gasto objetivo se dispara pero los ingresos permanecen estancados, resbaló sobre una actualidad marcada por el barullo de los títulos universitarios, por la pelea de las derechas entre sí y contra Sánchez, por el conflicto en Cataluña, por la constante pugna entre memoria democrática y amnesia facciosa y por la permanente inquietud provocada por esa economía que ni se asienta ni se asentará ya nunca.

Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Rioja forman parte de una España profunda (como Extremadura, aunque no estuvo en la cita) donde los tratos bilaterales entre la Administración central y las potentes autonomías de la periferia levantan ronchas. Así que sus presidentes no pueden sino exigir un nuevo sistema de financiación pactado de forma multilateral. Lo cual tiene lógica, pero no resolverá la cuestión de fondo: que las comunidades (llámenles regiones, nacionalidades o naciones, pues tanto da en este caso) que integran España presentan situaciones muy diversas, capacidades diferentes y necesidades distintas.

Ahora mismo. el País Vasco es el único territorio que no está en déficit, por la elemental razón de que es el mejor financiado y uno de los más fáciles de gestionar (junto a Madrid). Gracias al cupo, sí; pero gracias también a los ingresos que produce una economía dinámica y una población concentrada. O sea, que si el sistema de concierto fiscal se extendiese a todas las autonomías no todas se verían beneficiadas. Castilla-La Mancha no, Extremadura o Andalucía tampoco. Aragón se quedaría temblando sobre el alambre, porque poco a poco el mantenimiento de los servicios públicos básicos se está encareciendo: somos pocos, estamos desperdigados por un inmenso territorio y cada vez hay más viejos. Ofrecer educación y sanidad en Teruel es mucho más costoso que hacerlo en Guipúzcoa.

Aragón está viendo en estos mismos momentos cómo crece su déficit porque el Gobierno ha incrementado las inversiones (se acercan las elecciones y es preciso ofrecer resultados). Al tiempo, tanto la apertura del curso escolar como sucesivas comparecencias parlamentarias de la consejera de Sanidad han permitido comprobar la insufrible presión de un gasto imprescindible para mejorar la formación de niños y jóvenes, mantener escuelas rurales, asegurar la atención sanitaria de espacios semidesérticos, recomponer servicios y redes asistenciales... Y todo ello continuará encareciéndose. España, en promedio, mete menos dinero en la enseñanza que los estados de nuestro entorno, y a su vez la sanidad va a dar saltos tecnológicos que exigirán más y más recursos. Por no hablar de los servicios sociales en un país de viejos.

Negociación a todas las bandas. Acuerdo multilateral. Soluciones asimétricas que permitan satisfacer e integrar a todos. Fondos de solidaridad. Sistemas de redistribución objetiva. Equidad, justicia y responsabilidad fiscal... La integración de lo diverso plantea retos tremendos, pero será preciso afrontarlos y superarlos de la mejor manera posible. ¿Con un Estado federal que reconozca las diferencias? Claro. ¡Cómo, si no! H