Poco podía imaginarse Mariano Rajoy cuando acusaba al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que con su política «España se rompe», que seis años después de haber llegado él a la Moncloa no solo se iba a agudizar el conflicto territorial hasta niveles sin precedentes, sino que la ruptura social entre españoles iba a alcanzar los elevados niveles actuales, según un informe hecho público por el Banco de España esta semana.
Es importante que el Banco de España se una a tantos informes recientes que alertan de que la desigualdad social está convirtiéndose en un problema en España ya que su nivel afecta negativamente al crecimiento.
Del contenido del informe merecen destacarse las siguientes ideas: la desigualdad ha crecido durante la crisis, pero apenas se está atenuando con la recuperación; la mayor desigualdad se ha traducido en un empeoramiento relativo de los niveles bajos de la escala; la desigualdad de la riqueza es mayor que la de renta; la desigualdad salarial es mayor que la de renta familiar, por el rol compensador de las pensiones; la desigualdad salarial es mayor en ingresos mensuales que en salarios hora debido a la alta temporalidad; las diferencias en el consumo de los hogares son menores que las de renta gracias a los ahorros y al crédito; aunque la desigualdad en renta neta es menor que en bruta, la progresividad del IRPF en España es menor que en la media de la OCDE y determinados servicios públicos tienen un papel compensador muy importante.
A la vista de estos datos, es evidente que estamos ante uno de los problemas importantes de nuestro país. Por su impacto negativo sobre un modelo económico basado en el consumo interno, pero, sobre todo, porque la ruptura de la cohesión social y el riesgo de que se haga crónico un nivel alto de pobreza estructural resistente a las medidas tradicionales significa una peligrosa ruptura social entre ciudadanos en el disfrute de sus derechos.
Es cierto que hay una parte del fenómeno que es generalizado: estamos ante un modelo de crecimiento mundial menos inclusivo que otros anteriores, en parte por la globalización de todos los factores productivos salvo la mano de obra y, también, por los impactos de la revolución tecnológica en marcha que golpea, de manera especial, a los trabajadores menos cualificados.
Pero, en España, tenemos que añadir elementos diferenciales propios que explican nuestro elevado nivel de desigualdad. En concreto, las políticas puestas en marcha para hacer frente a la crisis y, sobre todo, el mantenerlas durante la recuperación. Leyendo el informe del Banco de España estos son claros: el mercado laboral, la fiscalidad y las políticas públicas.
Y, en ese sentido, los recortes en sanidad, educación y pensiones; las reformas fiscales en favor de las rentas más altas y de su riqueza acumulada y la incapacidad para abordar la nueva pobreza forman un elenco de medidas políticas adoptadas por el Gobierno de Rajoy que han jugado a favor de la tendencia a la desigualdad impuesta por la crisis. Y, sobre todo, la reforma del mercado laboral que potencia la desigualdad salarial en su triple dimensión: incapacidad para crear empleo al mismo nivel que los países de nuestro entorno (seguimos duplicando la tasa de paro media de la eurozona); imposición de un modelo contractual que favorece la precariedad laboral como sistema y deterioro de la capacidad negociadora de los trabajadores sobre los salarios.
Así, con decisiones políticas que limitan la llamada predistribución salarial y otras que deterioran la posterior redistribución de la renta con las políticas públicas, no debería sorprendernos que la desigualdad social haya subido y amenace con consolidarse mientras no corrijamos dichas políticas. Si, además, como defiende el informe, el núcleo esencial de la lucha contra la desigualdad social es lograr un empleo de calidad y bien retribuido, seguir como hasta ahora no será suficiente.
Necesitamos un nuevo modelo productivo que aborde tres retos: ensanchar la oferta agregada para crear todo el empleo necesario para absorber toda la cantidad de personas que quieren trabajar; preparar a los trabajadores para los nuevos puestos de trabajo que vienen asociados a la digitalización y a la inteligencia artificial y reforzar la capacidad negociadora de los trabajadores sobre las condiciones de contratación, de empleo y de retribución en las empresas. Porque sin hacer nada, este problema no desaparecerá.
*Economista y exministro socialista
