La reciente compra del Banco Popular por el Santander ha sido el último capítulo de la reconversión bancaria en España, pero quedaba una coda -Liberbank aparte- que se escribe estos días: la absorción por la nacionalizada Bankia del Banco Mare Nostrum (BMN), una entidad menor surgida de la vorágine de fusiones que hace una década acabaron con las cajas de ahorros. La operación entra dentro de la lógica de la racionalización del mercado bancario español, y denota vigor por parte de Bankia, una entidad que ha estado en el ojo del huracán desde su fundación en el 2010 bajo la presidencia de Rodrigo Rato. En el otro lado de la balanza hay que situar el coste que para el erario va a significar la operación: 1.106 millones de euros a sumar a los desembolsados hasta ahora en rescates bancarios, si bien la cifra definitiva dependerá del precio al que, en su día, se privatice Bankia, erigida en la cuarta entidad financiera española. El ministro de Hacienda, Luis de Guindos, asegura que la fusión de Bankia y BMN creará una sinergia que permitirá al Estado recuperar gran parte del dinero inyectado. Habrá que esperar a que el tiempo avale o desmienta este optimismo, pero los ciudadanos tienen motivos para ser escépticos, porque hace menos de dos semanas el gobernador del Banco de España daba por perdidas el 78% de las ayudas a la banca, nada menos que 60.000 millones de euros.

La reunión bilateral Gobierno Central-Comunidad Autónoma de Aragón que tuvo lugar ayer acabó mucho mejor de lo que cabía esperar. Tras más de tres años sin celebrar encuentro alguno, representantes de ambos gobiernos alcanzaron importantes acuerdos y preacuerdos. El más importante de todos por su significación estratégica: la formación de un grupo de trabajo que estudiará la financiación específica de nuestro territorio. Portavoces de ambas partes, el secretario de Estado (y exintegrante del propio Ejecutivo aragonés), Roberto Bermúdez de Castro, y el actual consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, reconocieron que lograr ese objetivo no será fácil. Pero se trata sin duda de algo imprescindible para un territorio como el nuestro, que se despuebla sin aparente remedio y en el que la prestación de los servicios básicos resulta complicada y cara.

Se pactaron o ratificaron además inversiones en infraestructuras y el mantenimiento del Fondo Especial de Teruel para los años próximos. Hubo, según se comunicó luego, una esperanzadora atmósfera de comprensión mutua y entendimiento.

Sería ingenuo no recordar que, en 2013, la misma comisión bilateral se reunió, suscribió diversos compromisos... y luego casi todo aquello quedó en nada. Aragón, por desgracia, sabe mucho de acuerdos incumplidos e inversiones jamás ejecutadas. Apostemos porque esta vez no sea así.