El Tribunal Supremo ha dado la razón a las quince familias zaragozanas cuyas tierras fueron expropiadas por Fomento para construir una vía ferroviaria de servicio para La Montañanesa. Esta sentencia pone fin a un litigio que empezó cuando los agricultores vieron cómo sus tierras eran ocupadas bajo custodia policial por un procedimiento que, según dice el Supremo, "debe ser objeto de una interpretación estricta", y no extensiva, como la que se hizo. Después de ocho largos años el alto tribunal ha resuelto que la "forma de abordar la cuestión colisiona con la ley", de manera que habrá que hilar muy fino para recomponer tal colisión.
