Un total de 62 días tardó José María Aznar en granjearse las complicidades políticas suficientes (entre ellas las del nacionalismo catalán en manos de Convergència) para ganar en 1996 su investidura como presidente del Gobierno. Aquel periodo marcaba el récord de interinidad de un Ejecutivo que ahora ha sido batido de forma escandalosa: hoy se cumplen 215 días de gestión en funciones de los asuntos públicos. Solo Bélgica, Moldavia, Camboya e Irak han estado más tiempo en situación interina. Y eso conlleva incertidumbres que pasan obligadamente algunas facturas, en el movedizo ámbito de la economía.

Las autoridades de Bruselas ya han mostrado su nerviosismo por no encontrar en Madrid un interlocutor con el que diseñar los números de un futuro macroeconómico más bien sombrío. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere lanzar ahora un mensaje de buenos propósitos y anuncia que cierra el grifo a cualquier gasto en las administraciones públicas que no esté contemplado en los Presupuestos. Con esta iniciativa, que se avanza de forma considerable ya que se activaba a finales de año, el Gobierno pretende ahorrar unos 1.000 millones. Pero no se trata tanto del montante de la partida como de asistir a otro intento gubernamental para evitar la macrosanción europea por reiterado incumplimiento del objetivo de déficit. Es un gesto de buena voluntad, pero Bruselas ya está escarmentada de un Gobierno que en su día jugó electoralmente con las cuentas que luego nunca pudo cuadrar.

Las consecuencias de la interinidad pueden extenderse al resto de administraciones en las que descansa el gasto público en España, y en particular a las comunidades. Estas deben conocer en unas semanas el conocido como "techo de gasto" para el próximo año; es decir cuál es la cantidad hasta la que pueden estirar sus cuentas públicas para el 2017. No disponer de esa cifra, si se prorrogan los presupuestos generales del Estado por la interinidad del Gobierno, supondría un verdadero problema para las regiones. Los ejecutivos autonómicos habrían de prorrogar a su vez los presupuestos y el colapso estaría servido. Sobre todo después de que la Autoridad Independiente Fiscal haya incluido a Murcia y a Valencia en el paquete de comunidades que tendrán imposible incumplir el techo de déficit público, marcado por Hacienda en el 0,7%, y en el que, por cierto, también se encuentra Aragón.