En estos dos años de gobierno de Rajoy se han ido acumulando una ingente cantidad de despropósitos, incumplimientos electorales y recortes democráticos, sociales y laborales de todos conocidos. En este decidido impulso de intentar hacer retroceder el reloj de la historia y del progreso hacia tiempos pasados por parte de la derecha gobernante, resulta reveladora su actitud hacia un tema que, a fecha de hoy, sigue pendiente en nuestra sociedad: la recuperación de la memoria histórica democrática y la consiguiente reparación moral y jurídica que se debe a las víctimas de la dictadura franquista.
En este tema, el memorial de agravios para con la insensible derecha española ante tan elemental cuestión de justicia democrática es abultado: resulta inaceptable su permanente olvido cuando no desprecio para con las víctimas y sus descendientes; su mezquina actitud ante los intentos del juez Garzón cuando intentó investigar los crímenes franquistas que no cejó hasta lograr su inhabilitación; su negativa a aplicar en España la legislación penal internacional; su inhibición ante las obligaciones de los poderes públicos derivadas de la Ley de Memoria Histórica (LMH), totalmente ineficaz al vaciarla, además, de dotación presupuestaria mientras se destinaban a la restauración del Valle de los Caídos, sombrío panteón del dictador, 280.000 euros. A todo ello habría que añadir la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, surgida tras la LMH o la previsible reprobación al Gobierno español por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dado que España ostenta, a fecha de hoy, el segundo puesto, tras Camboya, entre los países con mayor número de desaparecidos y asesinados como consecuencia de la violencia política.
Por si fuera poco, y con una actitud cada vez más arrogante y autoritaria en las prietas filas de la derecha española, el pasado 4 de noviembre tuvieron lugar las ofensivas e hirientes declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería cuando declaró en 13TV, refiriéndose a los familiares de las víctimas del franquismo, que "algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle". Las palabras de Hernando, no sólo ofenden a miles de familias, sino que, también son mentira y él lo sabe puesto que, desde la llegada al poder del PP, ninguna asociación memorialista recibe subvenciones públicas para tareas de localización y exhumación de fosas: conviene recordarle al diputado Hernando que, en su tierra andaluza, según datos de 2010, hay 47.399 asesinados sepultados en 614 fosas sin nombre.
Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo demandó por "injurias graves" y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), le exigió una inmediata rectificación o que dimitiese recordándole a Hernando que, "a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de los ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos". Y es cierto, si el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha acuñado el término de "democracia de baja intensidad", este caso concreto, como señala Antonio Avendaño, la actitud de Hernando y buena parte de la derecha española evidencia que "siguen profesando, sin saberlo, un cierto franquismo de baja intensidad incapaz de advertir la crucial diferencia que existe entre la paz y la victoria". La razón es obvia: buena parte del PP es heredero sociológico del franquismo y, tal vez por ello, como decía Aníbal Malvar, "cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta, me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra y no unas elecciones cuatrienales".
Este escaso barniz democrático de este sector de la derecha española contrasta con el caso de otras derechas europeas que, como el gaullismo francés, se forjaron en la dura lucha contra el fascismo. No ocurrió así en el caso de España donde, excepto honrosas excepciones, la derecha mantuvo su adhesión inquebrantable a Franco hasta la muerte del dictador y aún después, ya que mantiene, todavía, una buena dosis de franquismo sociológico en sus ideas y actuaciones.
Y en esta defensa de la memoria democrática, en esta necesidad de conservar "la cadena de la memoria" a la que se refería Elías Canetti, una consideración final. A las autoridades políticas y judiciales españolas debería causarles cuando menos sonrojo y vergüenza, el hecho de que ciudadanos nuestros, en algunos casos ancianos octogenarios, se hayan visto obligados a atravesar un océano para declarar ante la justicia argentina, ante la juez María Servini, contra los crímenes del franquismo, para reclamar la justicia reparadora a la cual tiene derecho toda víctima, una justicia que la democracia española ha sido incapaz de ofrecer, lo cual descalifica en gran medida a nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Lamentable e indignante.
Fundación Bernardo Aladrén - UGT Aragón
