La Central Nuclear de Garoña, gemela de la tristemente famosa de Fukushima, fue la primera de las ocho centrales construidas en España, y por tanto, hoy, la más antigua y peligrosa. Tenía una vida de diseño de 40 años, que culminó en 2009, fecha en la que debería haberse cerrado. Sin embargo, a requerimiento de la empresa propietaria, Nuclenor (50% Endesa-50% Iberdrola), el Gobierno extendió la licencia 4 años más, hasta julio del 2013. Por razones poco claras, la empresa paró la central en diciembre de 2012, completando cuarenta y dos años y medio en los que, no solo amortizó sus inversiones, sino que obtuvo altísimos beneficios. Aún así, Nuclenor solicitó prolongar la licencia hasta 2031, elevando la vida de la central de 40 a 60 años. El pasado 8 de febrero, contando con la indisimulada simpatía del Gobierno del PP hacia este regalo multimillonario a las eléctricas, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña, abriendo la perspectiva de 20 años más de vida para las 8 centrales del parque nuclear español, si el Gobierno así lo decidiera.

Tan sólo Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente en el primer Gobierno de Zapatero, se opuso, denunciando graves transgresiones del rigor regulatorio exigible a este organismo. Ni siquiera la otra consejera nombrada por el PSOE le acompañó en esta posición de defensa del interés general frente al interés de las eléctricas.

Con esta decisión se produce un nuevo giro en el sistema regulatorio del sector que anuncia nuevos y espectaculares beneficios supra-normales (más allá de «lo esperado») para las grandes eléctricas. El primer cambio regulatorio, que resultó en un monumental «pelotazo» para UNESA (que agrupa a las cinco grandes eléctricas), fue el de la Ley de 1997. Aquel giro supuso para el conjunto del parque nuclear e hidroeléctrico, entre 1998 y 2005, unos ingresos de 33.000 millones de euros (M€), de los que casi 9.000 M€ los pagó el Estado (es decir todos y todas) como pretendidos «Costes de Transición a la Competencia». Paradójicamente, en el tránsito a la libre competencia, que por naturaleza se supone implica riesgos y oportunidades, se trataba de compensar por adelantado los «riesgos» que podrían sufrir las compañías. Luego, aunque los riesgos se disiparon, los casi 9000 M€ pagados por todos los españoles, jamás volvieron a las arcas públicas.

Con este operativo, tal y como valora Jorge Fabra, miembro de «Economistas frente a la Crisis», las eléctricas amortizaron sus inversiones y recuperaron todos sus costes variables, con lo que, desde 2005 y hasta 2016, UNESA ha acumulado unos beneficios limpios extraordinarios de más de 31.000 M€, de los que más de la mitad proceden del parque nuclear.

El nuevo giro del sistema regulador puesto en marcha por el Consejo de Seguridad Nuclear, bajo tecnicismos pretendidamente imparciales, anuncia una nueva ola de beneficios supranormales para las eléctricas por valor de otros 17.000 M€, si la regulación de precios permanece bajo las reglas vigentes. De ellos, Garoña, la más pequeña de las centrales, aportaría la no despreciable cantidad de 731 M€, con una inversión en reformas de, a lo sumo, 200 M€.

Resulta extremecedor que semejante negocio, se diseñe y apruebe cuando todavía está caliente la catástrofe de Fukushima, en Japón, en donde, no lo olvidemos, con una capacidad tecnológica cuando menos no inferior a la nuestra, estaba “garantizada” la seguridad de la población, del parque nuclear y en especial de la central de Fukushima, gemela de Garoña...

En todo caso, más allá de las consideraciones de seguridad, que alarman ya a toda la cuenca del Ebro, prolongar la vida del viejo parque nuclear español supone una opción política tan antidemocrática e injusta como contraria al signo de los tiempos, presidido por la supremacía de las energías renovables: eólica, termosolar y fotovoltáica. Hoy, de hecho, los costes de estas energías en el mundo, no sólo compiten ventajosamente con los de la producción térmica, con combustibles fósiles, sino incluso con los de esa eventual prolongación de las viejas centrales nucleares, sin contar los riesgos y el coste que supone y supondrá la gestión y vigilancia de los residuos radiactivos generados.

Sustituir progresivamente las viejas nucleares por una red descentralizada e integrada de producción eólica, termosolar y fotovoltáica (además de la hidroléctrica), siguiendo el ejemplo de Alemania y Corea, entre otros, supondría apostar por el I+D+I, la inversión en nuevas tecnologías, la creación masiva de empleos de calidad, independencia y soberanía en los recursos energéticos, viento y sol, abundantes en nuestro país y particularmente en la Cuenca del Ebro (frente a la actual dependencia del combustible nuclear que tenemos que importar); y lo que es más importante, un nuevo modelo sostenible, distribuido y democratizable, acorde a los retos y oportunidades del siglo XXI.

*Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza en el Congreso