En la legislatura que culmina, en la que se aprobó la ley de lenguas que prácticamente niega el reconocimiento del catalán hablado en la comunidad y casi confirma el estado terminal del aragonés, la Consejería de Educación se despidió en los presupuestos del 2014 destinando para las lenguas propias dos céntimos por habitante. 24.000 euros en total, en las cuentas de un departamento que maneja casi mil millones. No es cuestión de compararse con el País Vasco, que destina 50 euros por habitante, pero es que Asturias dedica 1,58 euros. Aquí ha sido un tiempo aciago para las lenguas propias.