Las Cortes aragonesas votaron a favor de que sean los colegios de abogados de la comunidad los que sigan gestionando la asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, como se viene haciendo desde hace 20 años. PSOE y CHA se abstuvieron, ya que su Gobierno impulsa la externalización, que está siendo fuertemente contestada. Argumenta el Ejecutivo que la normativa exige sacar el servicio a concurso. ¿Y hasta ahora esa opción no era una exigencia? Y si lo era, ¿cómo la soslayaron los gobiernos anteriores? Hay que aclarar las opciones.
