Es difícil precisar con exactitud el momento en el que, ante el riesgo cierto de un problema sanitario que puede extenderse entre la población, las autoridades deben dar la voz de alerta. Si se hace en un estadio muy inicial, cuando hay pocos datos para evaluar la gravedad y la posible evolución del foco detectado, se puede generar una alarma innecesaria en la ciudadanía. Pero tampoco se puede aplicar la ley del silencio con el argumento de que la opacidad permite afrontar mejor este tipo de situaciones. En sociedades abiertas, la política de transparencia ha de imperar siempre, y las restricciones deben ser las mínimas. El reciente brote de enterovirus con problemas neurológicos seguido en Cataluña, --cuyo primer caso se detectó en Aragón-- ha permitido comprobar la dificultad de las administraciones para gestionar y modular los mensajes que debe transmitir a la población en situaciones de crisis. La información precisa y oportuna nunca está de más, y su difusión permite tener elementos de juicio.
