Para el geógrafo Oriol Nel-lo, las ciudades tienen que hacer frente a tres retos fundamentales: la desigualdad, la desigualdad y la desigualdad. La podemos observar directamente en nuestra querida Zaragoza, transitando por diferentes barrios. Hacerlo sólo por el Centro, por Fernando el Católico, Gran Vía, Independencia y Constitución, nos proporciona una visión muy parcial. Hay que hacerlo también por Las Fuentes, Torrero, Oliver, El Gancho, etc. Hay muchas Zaragozas. Un reciente informe realizado por Ebrópolis y el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza nos muestra la desigualdad. Las rentas más altas se concentran en el Centro, en el entorno de Casablanca y en el distrito Universidad, y las más bajas en Las Fuentes, Torrero-La Paz, Miralbueno y Delicias. Entre ambos extremos hay una diferencia de más de 8.000 euros por persona y año, ya que la renta media en el Centro es de 17.846, frente a los 9.599 de Las Fuentes.
Pero además de la desigualdad en las ciudades aparecen el desempleo, la pobreza y la exclusión social que la recesión ha incrementado. El Gobierno, y sus predicadores nos dicen que ya estamos fuera de la recesión. Y sin embargo, España sigue teniendo riesgo de pobreza y exclusión social. Según los últimos indicadores publicados por Eurostat, con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza celebrado el pasado 17 de octubre, la tasa se disparó entre 2008 y 2016 más de cuatro puntos, lo que sitúa a España en el séptimo país de la UE con mayor riesgo, solo superado por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia. Según un estudio de CCOO, 84.000 nuevas personas pobres en Madrid en solo un año. Tal incidencia en el ámbito urbano, y especialmente en algunos barrios se explica porque la crisis del sector inmobiliario ha afectado con mayor intensidad a aquellas regiones, en las que el avance del proceso urbanizador había generado mayor actividad y empleo vinculado a la construcción. En estos barrios multiculturales se agudizan los procesos de segregación social, de envejecimiento, de escasez de infraestructuras y equipamientos sociales, de la obsolescencia de muchas viviendas, de desempleo, precariedad, donde el llamado «quinto vagón», que emerge en nuestras sociedades opulentas, va más cargado.
Por ello, las ciudades tienen ante sí grandes retos para atender a las necesidades de vivienda, educación, deporte, cultura; gestionar grandes infraestructuras de transporte urbano, llevar a cabo políticas de generación de empleo para potenciar la cohesión social. Y además un tema fundamental, el de la sostenibilidad ambiental, un ejemplo de las tensiones entre el Estado y las ciudades, movidos por intereses contrapuestos. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Granada superan los límites de óxidos de nitrógeno establecidos por la Unión Europea. Al Estado le da igual, ya que le preocupa mucho más defender los intereses de la industria del automóvil y sus puestos de trabajo, que la salud de sus ciudadanos. Pero la rivalidad Ciudad- Estado es más amplia. Según J.M. Martí Font en La España de las ciudades, los estados tratan de controlar el territorio y consideran a las ciudades como unos rivales en ese objetivo. En España, el Estado y las administraciones autonómicas no soportan la competencia de otros poderes paralelos, como el de las ciudades. Por ello, dotar a las ciudades de personalidad política e institucional, concederles capacidad de gestión y autonomía financiera, supondría renunciar a controlarlas. De ahí, su control asfixiante a nivel presupuestario por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
La Constitución de 1978 no contempla la existencia de ciudades, no tiene ningún capítulo dedicado a ellas. Absortos y preocupados por resolver el problema territorial de las nacionalidades históricas, Euskadi, Cataluña y Galicia, los padres de la Constitución establecieron las Comunidades Autónomas, que también se han impregnado de las prácticas del Estado: el control del territorio. No pensaron en el espacio urbano ni en las grandes conurbaciones. Todavía más grave, mantuvieron la obsoleta división provincial de Javier de Burgos de 1833, con sus instituciones del XIX, las diputaciones provinciales.
Que las grandes ciudades encajan también mal en la estructura autonómica lo podemos observar en las constantes tensiones entre Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Mas, tras muchos años de tiras y aflojas el Consejo de Gobierno de la comunidad aprobó en abril de este año el anteproyecto de la ley de capitalidad, que reconoce el modelo de «ciudad-capital» que el propio Estatuto de Autonomía de 1982 marca para Zaragoza, y que incluye una dotación, por varios conceptos, de 21,5 millones de euros para 2017. Y otro ejemplo en Cataluña, ya que en 1987 con Jordi Pujol el Parlament aprobó la Ley de Ordenación Territorial que eliminaba el Área Metropolitana de Barcelona.
El enfrentamiento de ciudades con instituciones estatales o autonómicas se ha incrementado con la llegada de los Comunes tras las elecciones municipales de 2015 a determinados ayuntamientos, que han querido revitalizar las instituciones municipales, al considerar que la escala de los estados no es la adecuada para enfrentarse a los muchos y graves problemas de la población urbana. H *Profesor de instituto
