La vida política ha llegado en Cataluña a un punto de ebullición en el que, adaptando la vieja cita, genera más titulares de los que puede consumir. Los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso, y a la convocatoria de un referéndum ilegal le sigue alguna novedad del (pen)último caso de corrupción, o con la acción del Tribunal de Cuentas a los impulsores del 9-N. El último capítulo, sin duda muy impactante mediáticamente, fue la presencia ayer de agentes de la Guardia Civil en el edificio del Parlamento catalán, la Consejería de Justícia, el Palau de la Generalitat y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

El operativo desplazado a Barcelona buscaba información sobre las presuntas adjudicaciones públicas irregulares del exconsejero de Justícia Germà Gordó, actual diputado no adscrito del Parlament y exparlamentario de Junts pel Sí. Institucionalmente, el procedimiento estuvo supervisado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la fiscalía Anticorrupción (el fiscal que lleva el caso, José Grinda, se personó en las instituciones). En las sedes políticas, los agentes de la Benemérita requirieron documentación (agendas electrónicas de Gordó, libros de visita), mientras que en el CTTI efectuaron registros.

La actuación policial, pues, se produjo dentro del marco de investigación de la trama del 3%. No fue un ataque a la dignidad de Cataluña y a sus instituciones por parte del Estado a través de uno de sus brazos más cargados de simbolismo histórico, la Guardia Civil. En estos tiempos en los que tanto se usan conceptos como democracia y legalidad como arma arrojadiza para atizar al rival político en las nerviosas trincheras del soberanismo, cabe recordar que un eficaz trabajo de la justicia y la colaboración con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad también forman parte del sistema democrático.

Conviene no olvidar que al exconsejero Gordó se le atribuye haber hecho de intermediario con empresas para que la Generalitat les concediera licitaciones a cambio de donaciones a dos fundaciones vinculadas a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. De eso fue la operación de la Guardia Civil de ayer. Lo demás es sobreactuación y, como se dice en las redes, postureo para azuzar un fantasma -el de la Guardia Civil opresora- que no se corresponde con la realidad.