La condena de cuatro años de cárcel al exdirector general de Caja Inmaculada Tomás García Montes, al exdirectivo Javier Alfaro y a su socio Ramón Marrero, por apropiación indebida es algo más que el castigo penal a tres delincuentes de guante blanco. Representa un resarcimiento para la propia caja --hoy absorbida por Ibercaja--, ya que fueron sus sucesores quienes iniciaron la causa. Además de la pena, el exdirector deberá destinar parte de su generosa pensión vitalicia al pago de la indemnización de siete millones a la que también han sido castigados. Se ha hecho justicia.
