Caen sin parar los árboles en Zaragoza (ayer fueron cinco incidentes), y mientras el concejal encargado de los Servicios Públicos explica su teoría de la espiralización radicular, FCC, la contrata responsable de parques y jardines, aduce que ha agotado el fondo destinado a la poda y no puede seguir realizando tal actividad si no se le paga un extra. El fenómeno ha destapado un problema de doble incógnita: de una parte, los pormenores de una externalización en la que se presumió porque se reducían costes, pero que en realidad iba a exigir pagos complementarios; por otra, el empeño del edil Cubero en demostrar la presunta incompetencia de los contratistas de servicios municipales para devolver al ayuntamiento la gestión directa de los mismos. Todo tendría su relativa lógica si no fuera porque el desplome de algún árbol acaba causando daños físicos a cualquier persona que pase por ahí. Ocurrió la semana pasada, y ya sucedió en alguna ocasión anterior, porque este tipo de incidentes no es un fenómeno nuevo ni inédito en Zaragoza o en cualquier otra ciudad. Pero no cabe imaginarlo como algo constante y cotidiano. Es inadmisible.

La adjudicación de un plan especial de poda ante los crecientes riesgos de caídas fue paralizada en el final de mandato de la corporación anterior (2015), merced al voto en contra de IU. No fue una operación plausible ni conveniente porque dejaba al siguiente equipo de gobierno en una situación que condicionaría su actividad. Pero así fueron las cosas. Los actuales responsables muncipales debían saber cuáles eran las circunstancias, y han tenido tiempo más que suficiente para estudiar las condiciones de las contratas y obrar en consecuencia. Pueden plantear un debate político, social y económico sobre internalización de servicios, pero por encima de todo han defender el interés de la ciudad ajustándose a la realidad.

Y utilizar la caída de árboles como argumento para la posterior remunicipalización de parques y jardines no es el camino, desde luego. Háganse las consideraciones políticas que se quiera, pero tómense las medidas para asegurar dentro de lo posible que se aplican las soluciones pertinentes. Y si, dadas las condiciones de la contrata, es preciso pagar un sobrecoste justificado por la falta de mantenimiento anterior... páguese. Lo fundamental, ahora, es resolver el problema inmediato y dar confianza y seguridad a los zaragozanos.