Poner escolta privada a las víctimas de la violencia machista de alto riesgo no sería una medida descabellada, como ya ocurrió en los años duros del terrorismo. Pero, el Gobierno de Aragón ve más factible firmar convenios con Interior para que esa labor la desarrollen la Policía Nacional y la Guardia Civil, según su demarcación. El problema es que las plantillas de ambos cuerpos están bajo mínimos y es necesario que el ministerio saque nuevas plazas.
