El último consejo de Gobierno de la DGA autorizó esta semana el contrato de concesión de obra del nuevo hospital de Alcañiz que acabará costando a los aragoneses 450 millones de euros, con un sistema muy similar al utilizado por las comunidades de Madrid y de Valencia. No cabe duda de que los bajoaragoneses merecen un centro sanitario acorde a sus necesidades, pero el modelo público-privado elegido para construirlo y explotarlo no es el más recomendable. Ninguno de los riesgos que comporta, advertidos de manera unánime por la oposición, por los sindicatos de clase y profesionales y por parte de colectivos sociales de la comarca, han sido tenidos en cuenta por una DGA dispuesta a dejarlo todo atado en una decisión controvertida.
El primer déficit de la fórmula concesional es su propia contradicción frente a los magníficos resultados del sistema actual, dada la eficiencia de la red de hospitales públicos aragoneses formada por Miguel Servet, Clínico y Militar en Zaragoza, San Jorge en Huesca, Obispo Polanco en Teruel, y, en menor medida, Calatayud, Barbastro y el actual de Alcañiz. El propio consejero del ramo, Ricardo Oliván, hace gala cada vez que tiene ocasión de los indicadores de calidad y satisfacción que así lo ponen de manifiesto. Unos datos que llegaron a hacer merecedor al sistema de salud aragonés de una mención en un reciente congreso organizado en Huesca por la Fundación Signo. ¿Para qué cambiar cuando algo funciona?
El segundo riesgo es cuanto supone de hipoteca para futuros gobiernos que no tienen por qué compartir el modelo mixto de gestión hospitalaria propuesto por la DGA en el ocaso de la legislatura. Ya ocurrió recientemente cuando la propia Luisa Fernanda Rudi cuestionó e invalidó con un importante coste para las arcas aragonesas un sistema de concesión similar para el arreglo y el mantenimiento de las carreteras autonómicas aprobado por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias, el denominado Plan Red. Hay que ser coherentes. Mientras el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza carga contra el alcalde Juan Alberto Belloch por destinar un millón de euros para los estudios previos para la segunda línea de tranvía, con el argumento de que condiciona a la próxima corporación y supone un despilfarro de tintes electoralistas, en la DGA se puede adjudicar unilateralmente un asunto clave para la sanidad pública que acarreará un desembolso mínimo de 450 millones entre 2018 y 2037.
La obstinación de Sanidad con el modelo es obsesiva. Oliván ha desatendido todas las críticas al modelo de concesión privada elegido para la construcción del hospital de Alcañiz. Y no solo las políticas, también las profesionales. Basta con recordar las alegaciones presentadas en verano por el sindicato médico Cemsatse, que exigió que la gestión del hospital fuera pública, argumentando que la financiación mixta elegida multiplicaría por cinco el presupuesto sin garantizar una mejor atención sanitaria. El sindicato lo resumió así en sus alegaciones: "La inversión del hospital va a ser mucho mayor de la prevista en un principio, porque a la empresa constructora se le va a pagar un canon, por la gestión del centro. Es decir, que en ese canon pagaremos cinco veces el presupuesto inicial, y lo que es peor, las experiencias anteriores con esta fórmula, nos hacen pesar que esta infraestructura, tan necesaria para Alcañiz, se convertirá en un fracaso muy costoso". Otras centrales sindicales también se adhirieron a las críticas, y no solo desde un prisma ideológico, sino por la merma de derechos que puede suponer para las plantillas, como hizo CSIF cuando exigió que al menos se obligara al concesionario a respetar los puestos de trabajo preexistentes que serían subrogados por contrato y a mantener las condiciones del personal estatutario del Salud.
La viabilidad del modelo y su sostenibilidad futura están en entredicho. En lugar de priorizar la obra, destinando como sugirió el PSOE, varias anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) que prevén cada año los Presupuestos Generales del Estado, se ha optado por una fórmula concesional cuya única virtualidad es que elude las rígidas directrices económicas de Hacienda, puesto que no computaría como déficit o endeudamiento. Siendo este un objetivo razonable, hubiera sido mucho más lógico destinar 20 millones anuales del Fite y en cinco años el hospital estaría pagado, sin hipotecas futuras y sin mermas de calidad debidas a la necesidad de la empresa concesionaria no solo de recuperar la inversión, sino de obtener beneficios.
Este sistema puede ser útil en otros ámbitos de gestión menos sensibles, como se ha demostrado por ejemplo con el transporte o en determinadas infraestructuras, pero desde luego no el de la salud. Por más que la DGA se empeñe en garantizar que la gestión sanitaria y la tutela serán públicas, en el momento en el que los réditos de una empresa dependen de la construcción, del mantenimiento y de la explotación de las instalaciones los recelos políticos, sindicales y sociales son lógicos.
